Dos años de cárcel, diecisiete de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 30.000 euros. Esta es la condena que el Ministerio Fiscal ha pedido para el arquitecto municipal de Xàtiva, Antonio Vela, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el marco de la causa que investiga las obras de la plaza de toros. La jueza instructora ha decretado la apertura de juicio oral contra el empleado público -suspendido de empleo y sueldo por el consistorio hasta 2020- después de recibir un contundente escrito de acusación de la Fiscalía de Alzira que pone negro sobre blanco el supuesto cúmulo de irregularidades que rodearon el proceso por el cual la constructora Llanera y la ingeniería CM, SL se adjudicaron la remodelación del coso por 6 millones de euros hace 13 años.
Después de examinar a fondo las pruebas y los testimonios recopilados en la fase de diligencias previas, la fiscal Mª Carmen Nicasio concluye que el arquitecto del Ayuntamiento de Xàtiva actuó «a sabiendas de su injusticia» y «con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí» cuando, presuntamente, dejó en manos de un colega externo la elaboración de los pliegos de condiciones del proyecto de la plaza de toros, así como el diseño de las bases del concurso, pese a tratarse de un trabajo de competencia «estrictamente municipal». Vela se encontraba en ese momento inmerso en la preparación de unas oposiciones para consolidar la plaza de arquitecto municipal que ocupaba de manera interina bajo el mandato de Alfonso Rus.
El Ministerio Público acusa al trabajador de haber facilitado a la empresa de ingeniería CM, SL la documentación reservada que sirvió para la elaboración del pliego de condiciones del citado proceso «valiéndose para ello de su cargo», poco antes de iniciarse el concurso de adjudicación de las obras de rehabilitación y cubierta de la plaza de toros. El encausado habría enviado a su colega un correo electrónico a través del cual este último debía transmitir la información a la dirección «cm-sl@cm-sl.com», además de haber entregado un CD a la consultora. Por otra parte, un fax que un empleado de Llanera, SL, remitió a uno de los socios de CM, SL con el pliego del contrato demostraría que ambas empresas tenían todos los detalles de las bases antes de que se hiciesen públicas a través del Boletín Oficial. Llanera, de hecho, se presentó al concurso habiendo subcontratado a CM, SL la realización de los trabajos técnicos.
De esta forma, según la fiscal, como el tiempo concedido para la presentación de ofertas era breve y CM, SL contaba con la ventaja de conocer previamente la documentación necesaria para redactar el proyecto, la consultora pudo acceder en mejores condiciones al contrato. Pese a la envergadura de la obra financiada por la Generalitat, solo se registraron dos ofertas durante el proceso: la de Llanera y la de UTE Geocisa-Tecsa, una empresa especializada en cubiertas, que era supuestamente el principal cometido de la remodelación pretendida (aunque al final no se llevó a término). Esta última mercantil, además, concurrió con una propuesta más económica para las arcas públicas y más conservadora con el edificio a rehablitar. Y ahí llega la clave de bóveda de la causa: un informe favorable de Antonio Vela, fue determinante para que Llanera, SL terminará adjudicándose la obra en agosto de 2005 por 6 millones de euros.
Sobrecostes bajo sospecha
La constructora de Xàtiva prometió unas mejoras adicionales al pliego por un importe de 540.905 euros que, sin embargo, nunca se materializaron. El arquitecto municipal firmó 11 certificaciones de obra por un total de 6,1 millones de euros sin que en las mismas tuvieran reflejo alguno las mejoras ofertadas por Llanera ni se dedujera su importe. Posteriormente, Vela también validó en 2007 una modificación del proyecto aprobada por el equipo de gobierno de Rus que derivó en unos polémicos sobrecostes de 4 millones de euros y que alimentó aún más la sombra de la sospecha sobre el proyecto.
Otra pista decisiva la constituyen las dos facturas por trabajos no justificados que el arquitecto municipal giró a la mercantil CM, SL por 6.000 y 9.000 euros respectivamente: una en agosto de 2005, coincidiendo con la adjudicación de las obras, y otra en febrero de 2006, con el inicio de las mismas. Para la fiscal, esta fue la contraprestación que obtuvo Vela tanto por la información que había facilitado como por su informe favorable. Posteriormente, en 2007, CMD, Sl encargó al arquitecto un proyecto de dos viviendas unifamiliares en Moraira «como pago por el trato de favor recibido», según zanja en su escrito el Ministerio Público.
