«Los cambios aprobados en la LOTUP en el pleno de Las Corts son una segunda oportunidad para las casasen suelo no urbanizable». La primera teniente de alcalde de Ontinyent, Rebeca Torró, se pronunció en estos términos ayer en una comparecencia ofrecida junto al regidor de Territorio, Jaime Peris, para detallar el impacto que tendrán para Ontinyent las modificaciones en la ley. Según la edil, el proceso culmina muchos años de trabajo del gobierno ontinyentí para hacer posible una solución legal a las diferentes casuísticas del diseminado.

Torró, que ha ha seguido el conflicto urbanístico primero como regidora en la oposición, luego como responsable municipal de Territorio y también como Directora General en la Consellería de Vivienda, incide en que la modificación «ha sido posible gracias al cambio en la Generalitat, porque siempre habíamos dicho que no habían soluciones mágicas, sino legislativas. Es una noticia que hemos estado esperando durante años», valoró. «Este es un problema que el PP no quiso resolver cuando tenía mayoría absoluta a las instituciones y que lamentamos que continúan sin apoyar, como tampoco ha hecho Ciudadanos», sentenció.

A juicio de Jaime Peris, los cambios aprobados «por fin tenemos herramientas jurídicas para ofrecer a todos los que quieran regularizar su caseta en el término». En este sentido, el regidor incidió en que, de las alrededor de 4.000 casetas que existen en el diseminado, unas 2.500 tienen cabida en los 30 sectores de suelo urbanizable que se contemplan en el Pla General de Ordenación Urbana, y han tenido a su alcance la Oficina del Diseminado para atender el desarrollo de posibles soluciones urbanísticas. En cuanto al suelo no urbanizable, el ayuntamiento remitió a la consellería un listado de un Pla Especial de 16 núcleos de minimización de impacto territorial, que afectan a cerca de 800 viviendas y que se están tramitando desde hace alrededor de tres años.

El resto de viviendas que no han entrado en ninguno de estas casuísticas no tenían a su alcance ningún mecanismo para obtener cobertura legal, una situación que daría un giro con las modificaciones que se aprobaron el miércoles. «El artículo 211.bis de la LOTUP ahora abre la posibilidad a que la orden de minimización de impacto se haga de forma individual, pudiendo acogerse todas las viviendas diseminadas, independientemente de si tienen o no un expediente abierto, siempre que hayan sido finalizadas antes de 2015», explicó el regidor.

«Son viviendas cuyos propietarios van a poder mostrar que existen, acreditando unas mínimas condiciones de urbanización que el ayuntamiento tendrá que aprobar en el Pleno, y con un detalle muy importante: las personas que piden regularizar su caseta podrán ver suspendidas durante tres años los procedimientos sancionadores que tengan, lo que en la práctica es una segunda oportunidad para regularizarlas», subrayó.

Peris ensalzó la labor desplegada durante años por Rebeca Torró, tanto en el auntamiento como la consellería, así como el trabajo de los técnicos municipales persentando las alegaciones a la ley que se ha aprobado ahora.