La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y el Ayuntamiento de Ontinyent firmaron ayer el convenio que permitirá una inversión de 3 millones de euros en el barrio de la Vila, para construir 12 viviendas, una espacio de ocio y zona ajardinada en el enclave de las calles Trinitat, Roses y Callarís. La consellera Mª José Salvador y el alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, oficializaron la firma ayer en el Palau de la Vila, tras una visita con la consellera al emplazamiento donde está previsto ejecutar una actuación que ser alargará varios años.
El proyecto deriva de un anterior convenio, de 2013, del consistorio con la Generalitat Valenciana „durante el mandato del PP„ y el IVVSA (antiguo Institut Valencià de la Vivenda), que contemplaba la contrucción de 25 pisos en la Vila. La conselleria gestionada entonces por la popular Isabel Bonig anuló el convenio, decisión que fue recurrida en los tribunales por el ayuntamiento. La justicia ha dado la razón a los intereses ontinyentins y resuelve instando a ejecutar el proyecto. Un proyecto que ha tenido que redimensionarse y «adecuarse a las condiciones que marca Patrimoni», al tratarse de un barrio declarado BIC (Bien de Interés Cultural), y que «satisficiera también a los vecinos» y atendiera al planteamiento del gobierno local de «esponjar la Vila y hacerla más accesible», explicó Rodríguez, que remarcó que el estudio del proyecto que finalmente se llevará a cabo cuenta con la aprobación del área de Patrimoni de la Generalitat.
Así, se demolerán una docena de casas, que serán previamente adquiridas por el ayuntamiento, y se construirán 12 viviendas en la plaza de la calle Trinitat. Las viviendas nuevas no ocuparán toda la plaza, ya que se reservará una parte para un espacio de ocio, una zona ajardinada „el paseo se creará en la calle Callarís„ y para poner en valor la muralla de la Vila. Para ello se demolerán varias viviendas de las calles Roses y Callarís, lo que permitirá sacar a la luz la antigua fortificación, oculta ahora por estas casas.
La inversión de 3 millones se repartirá en cuatro anualidades, destinando 250.000 euros este 2019. En 2020 se destinarán 500.000 euros, y la conselleria consignará un millón de euros en 2021 y 1,2 millones en 2022. Por su parte, la actuación también se alargará varios años. El consistorio, según detalló el alcalde, notificará ahora al juzgado que da por cumplida la sentencia que insta a ejecutar la obra. El gobierno de Rodríguez contempla llevar a cabo a lo largo de este año diferentes trámites administrativos y las adquisiciones de la docena de inmuebles afectados por la actuación. Después se redactará el proyecto (entre 3 y 4 meses, prevé Rodríguez) y se contratará la obra (otros 3-4 meses). El alcalde de Ontinyent señaló que está previsto contratar la obras de la vivienda por una parte, y con otro contrato el ajardinamiento y la recuperación de la muralla „con dos pliegos de condiciones„, aunque no se atrevió a avanzar fechas, señalando que antes de iniciar esta tramitación deberán esperar la respuesta del juzgado a la notificación municipal del cumplimiento de la sentencia.
Regenerar el casco histórico
La consellera Mª José Salvador, que apeló a la convocatoria de las elecciones y la campaña electoral para no hacer declaraciones, explicó que durante el anterior gobierno del PP, como diputada en la oposición, detectó que «se estaba forzando a los ayuntamientos a renunciar a los convenios» y convocó a los consistorios afectados para defender «unos recursos que no se podían perder». Salvador, que mostró su satisfacción por el acuerdo, afirmó que se ha «ajustado el convenio a las necesidades» actuales y que el proyecto sigue el objetivo de la conselleria de «rehabilitar y regenerar los barrios, apostando por recuperar los cascos históricos para garantizar que la gente se quede a vivir o vaya allí a vivir».
Rodríguez, que agradeció la labor de la conselleria y de Salvador, recalcó que el acuerdo que «es un paso administrativo más, pero es un gran paso para la transformación de la Vila». Remarcó que desde el ayuntamiento «no nos rendimos» ante la anulación del convenio, «decidimos llegar a los tribunales y la justicia nos ha dado la razón». «Un alcalde nunca puede renunciar a los derechos adquiridos y los recursos para mejorar el pueblo», concluyó.
