Xàtiva ordena demoler una obra sin licencia en una casa rural a los pies del castillo

El Ayuntamiento de Xàtiva ha impuesto una multa a los promotores de unas obras sujetas a una orden de demolición que fueron ejecutadas dentro del perímetro protegido del casco antiguo, a los pies del castillo, sin la preceptiva licencia urbanística ni el visto bueno de la Comisión Mixta de Patrimonio .

En mayo de 2023, la arquitecta técnica municipal y el arquitecto municipal inspeccionaron el inmueble de la calle Sant Josep, colindante a una vivienda que desde 2020 tiene permiso para operar como casa rural -con siete dormitorios de uso turístico- y comprobaron que se habían desplegado una serie de trabajos en la cubierta y en el patio que, según los indicios recabados por los técnicos, responderían a una necesidad de ampliación del citado negocio de alojamientos, en el que se cubrió una zona de jacuzzi.

Los promotores no han legalizado los trabajos una vez cumplido el plazo concedido por el consistorio para hacerlo

Al no existir ninguna solicitud de autorización para acometer la obra denunciada, el consistorio requirió a los propietarios que presentaran la documentación necesaria para legalizarla, en caso de que fuera viable de acuerdo con la normativa vigente, en el plazo de dos meses. La notificación también les instaba a no continuar realizando actuaciones hasta obtener la licencia correspondiente.

Xàtiva cierra 2023 con 152 expedientes por incumplimiento de la normativa urbanística

A raíz de este escrito, a finales de mayo la junta de gobierno local acordó incoar un expediente sancionador a la promotora de las obras por una supuesta infracción de la ley de ordenación del territorio. La resolución fue recibida por la interesada el 12 de junio.

Casi tres meses después, a comienzos de septiembre, la arquitecta técnica municipal emitió un nuevo informe a requerimiento del departamento de Urbanismo y Patrimonio Cultural que valoró el coste de la intervención ejecutada en aproximadamente 21.216 euros sin IVA, en el marco del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística abierto. En ese momento, la corporación municipal volvió a recordar a los dueños del inmueble los pasos a seguir para ajustar la obra a la normativa.

Sin alegaciones

Finalmente, hace escasos días, y atendiendo a que la actuación no ha sido legalizada en tiempo y forma, el ayuntamiento aprobó la imposición de una multa de 849 euros a la promotora, equivalente al 4 % de la valoración técnica de los trabajos realizados, por una falta tipificada como leve que en el ordenamiento.

El acuerdo también ordena la demolición o retirada de las edificaciones realizadas ilegalmente en el edificio. El expediente urbanístico ha quedado zanjado por la vía administrativa sin que se hayan presentado alegaciones en el consistorio por parte de los interesados.