La causa contra la gestión de Consuelo Císcar en el IVAM dio un paso importante ayer con el levantamiento del secreto del sumario y la imputación, junto a la exdirectora, del que fue su equipo al mando del museo.
Císcar y cuatro exsubdirectores „Juan Bría, Juan Carlos Lledó (pareja de una hija de la exdirectora), Norberto Martínez y Raquel Gutiérrez„ pasan a tener la condición de investigados (término que sustituye en la actualidad al de imputado) por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
La magistrada instructora, Nuria Soler, incluye además en la causa a Enrique Bienvenido Martínez Murillo, titular de las empresas de transporte Sakvitur, Valsatrans y Logística del Arte.
Al respecto de este empresario, considera, según el auto difundido ayer, que existen indicios suficientes de que pudo beneficiarse económicamente de contratos eludiendo la normativa vigente en el sector público.
Aunque el juzgado encargado del caso (instrucción número 21) es el mismo que condenó al marido de Císcar, el exconseller Rafael Blasco, en el caso Cooperación, la juez es diferente, ya que esta sala cuenta con dos en estos momentos.
El auto incide en los sobrecostes en las compras de arte destapados por el informe de Intervención de la Generalitat del 22 de junio de 2015 y que dio lugar a la denuncia de la Fiscalía.
La juez da por buenas en el estado actual del proceso las valoraciones que realizó un experto de una serie de obras compradas durante la etapa Císcar y escogidas aleatoriamente.
El artista Julio Quaresma se benefició de 30.000 euros, dice, ya que el IVAM pagó 32.400 por una pieza valorada en 2.000. El sobrecoste tan comentado en su momento sería del 1.500 %.
Y lo mismo argumenta sobre las obras adquiridas de Natividad Navalón y Javier Arce.
Mención aparte merece en el auto la serie de esculturas de Gerardo Rueda compradas «años después de fallecido el autor sin que este las hubiera realizado, sino que se contrata a una fundición» para ello. Considera la juez que Císcar benefició con esta actuación al heredero del artista (José Luis Rueda, con quien firmó los contratos en 2004 y 2006) en más de dos millones de euros.
Al respecto, Císcar alegó en su momento en contra de las valoraciones citadas y subrayó que la comisión de adquisiciones del museo, que ella presidía, aprobó las operaciones con el visto bueno del consejo rector.
La instructora considera así que se habrían pagado «importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor». Estas actuaciones supondrían «un claro lucro para terceros» y «habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos».
Asimismo, ve indicio de delito en la decisión unilateral „así lo afirmaron varios testigos en dependencias policiales„ de «imponer a las empresas de Enrique Bienvenido Martínez Murillo para la ejecución de los transportes de obras de arte del IVAM» sin acomodo a la legalidad en la contratación en el sector público.
Todos los investigados están fuera del museo a excepción de Gutiérrez. El museo, que declinó ayer hacer valoraciones porque su objetivo es «mirar al futuro», recordó que tiene plaza de técnico. El actual director, José Miguel G. Cortés, la mantuvo como subdirectora, hasta que Gutiérrez dimitió en julio pasado.
