La exintendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt, ha fichado a un exfiscal anticorrupción y actual socio del bufete de abogados Gómez-Acebo & Pombo, Carlos Sáiz Diaz, para que la defienda en el juicio del Caso Palau que debe comenzar el próximo 8 de enero. Las vistas en las que se sentarán en el banquillo de los acusados Schmidt, un subalterno y tres empresarios está previsto que se prolongue durante tres meses, según la diligencia de ordenación de la sección segunda de la Audiencia de València, responsable de juzgar esta causa que comenzó a investigarse en 2015. Sin embargo la representación legal de la exintendente solicitará en la primera jornada, destinada a cuestiones previas, la suspensión de las vistas para poder estudiar la causa a la que se acaba de incorporar.

Ante esta tesitura los magistrados de la sección segunda tienen la opción de suspender la vista para conceder un plazo razonable a la defensa de Helga Schmidt para que estudie la causa. El retraso del juicio podría demorar a después del verano el inicio de las vistas por el Caso Palau ya que los letrados de algunos acusados también participan en otras macrocausas y cuadrar las vistas previstas en sus agendas ha resultado un auténtico encaje de bolillos. Aunque otra posible opción para los magistrados sería separar la causa de la exintendente y juzgarla por separado y celebrar el juicio contra los otros cuatro acusados. Una posibilidad que ya se adoptó en el Caso Emarsa, en el que aún se debe celebrar una vista contra uno de los acusados, que se demoró, para no retrasar el macrojuicio.

El juicio iba a celebrarse casi cuatro años después de la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción y que ha investigado el Juzgado de Instrucción 15 de València. En la causa están imputados, además de la exintendente del Palau de les Arts, el exdirector financiero, Ernesto Moreno Murcia, y tres conocidos empresarios: José Antonio Noguera Puchol, Pablo Broseta y Joaquín Maldonado. Anticorrupción pide por el presunto desvío de fondos públicos del Palau en beneficio de empresas privadas de siete a ocho años de cárcel inhabilitación.