Los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, Antonia López Cantero, delegada de Europa Press en Baleares y Adolfo Ibarra, delegado de EFE en la Comunitat Valenciana, recogieron ayer els Premis Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodistes Valencians en un acto celebrado en el MuVIM. «Los periodistas estamos desprotegidos tras la medida del juez del caso Cursach», aseguró el redactor del diario mallorquín, perteneciente a Prensa Ibérica, editora de Levante-EMV. Al acto, también acudió el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el alcalde de València, Joan Ribó y la directora del Diario de Mallorca, María Ferrer, que recogió el galardón en nombre de los periodistas de EFE Baleares.

El juez Miguel Florit ordenó requisar los móviles de los periodistas mallorquines el pasado mes de diciembre para investigar una presunta revelación de secretos en el caso Cursach. Los profesionales consideraron que la medida fue «desproporcionada» además de «un flagrante ataque a la profesión», ya que el secreto profesional es «un derecho constitucional».

«El móvil es una herramienta fundamental en nuestro trabajo», aseguró Mestre, ya que este aparato engloba el ámbito «íntimo», «familiar» y «profesional». «La medida demuestra que no nos tienen en cuenta. Ni a nosotros ni a los ciudadanos que no podrán estar informados de lo que pasa», señaló el periodista del Diario de Mallorca, aunque advirtió que la incautación no es «lo más grave» que ha sucedido. «Nos estuvieron espiando. Saben a quienes hemos llamado y lo más grave de todo es que han querido criminalizar nuestras llamadas», lamentó.

La delegada de Europa Press en Baleares aseguró que la «auténtica víctima es el periodismo» y quiso hacer extensivo el reconocimiento de la Unió a toda la profesión periodística, ya que la indignación fue unánime.

Tanto Europa Press como Diario de Mallorca han presentado una querella contra Florit por prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). «La querella afecta a toda la profesión. Nos jugamos mucho. El partido -en referencia al futuro juicio- se jugará en Mallorca, pero pasará a nivel europeo», auguró Mestre, ya que según el periodista, «no hay precedentes». «Nuestros abogados han tenido que acudir a sentencias del Tribunal de Estrasburgo porque no se conocen precedentes, y todas las sentencias dictaminadas han sido favorables a los periodistas. En todas ellas, se confirma que los periodistas tenemos el derecho de proteger nuestras fuentes», y continuó: «Los jueces tienen que pronunciarse sobre el caso. Puede que nosotros estemos equivocados y que nuestro derecho constitucional no sea tan amplio como nosotros creemos. Puede que los periodistas tengamos que cambiar nuestra manera de trabajar», aseguró Mestre.

«Si la medida se justifica, los periodistas de investigación sufriremos mucho». Según el redactor, la medida ya tiene consecuencias en el día a día de los periodistas mallorquines. «Nadie te quiere contar nada, la gente ya no quiere tener ninguna conversación contigo, te desprecian... Los policías están asustados porque tienen miedo de hablar con periodistas. En estos momentos no puedo hacer la información judicial que he estado haciendo durante casi 30 años. El daño personal, familiar y profesional es enorme por hacer nuestro trabajo. Quedaremos marcados durante mucho tiempo», confesó.

Un caso digno de Netflix

El caso Cursach investiga una red de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y Calviá. Según los investigadores, el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares, Bartolomé Cursach, habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Entre dichos obsequios se encontrarían, presuntamente, fiestas con prostitutas en las que se habrían consumido drogas. Unos ingredientes de thriller a la altura de una serie de Netflix.

La Unió de Periodistes Valencians también dedicó el segundo Premi Llibertat d'Expressió al periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi. El galardón lo recogió en su nombre la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF).