En España la entrada en ley concursal no implica una sanción deportiva (en forma de retirada de puntos o descenso automático) para los clubes involucrados. De esa manera, no sorprende tanto comprobar que el concurso de acreedores haya sido un recurso urgente utilizado mayoritariamente en Europa por entidades españolas, desde la Primera división a la Segunda B. De los 19 clubes europeos que se han agarrado a esta norma, 18 son españoles. El otro ejemplo es el de Portsmuth, a quien la federación inglesa le restó diez puntos que lo condenaron al descenso de la Premier League.
La escapatoria de la ley concursal ofrece la posibilidad de negociar la deuda a la baja con los acreedores y evitar el descenso de categoría, manteniendo en cambio en muchos casos los mismos ingresos por derechos televisivos y mercadotecnia. A cambio se cede durante un periodo la gestión de la entidad a manos judiciales. El primer club en entrar en ley concursal fue Las Palmas, en 2004. Con posterioridad le han seguido el Betis, Celta, Real Sociedad, Málaga, Sporting de Gijón, Levante, Murcia, Albacete, Recreativo, Alavés, Granada, Polideportivo Ejido, Cultural Leonesa, Cádiz, Mallorca, Xerez y Alicante. El caso del club alicantinista fue diferente, ya que entró en concurso de acreedores al mismo tiempo que descendió, por motivos deportivos, a Segunda B, abandonando el fútbol profesional y sin poder optar a sus antiguos ingresos.
El próximo club que podría ingresar en ley concursal es el Rayo Vallecano. Los jugadores y empleados del club madrileño, perjudicados por la intervención de Nueva Rumasa, propiedad de Ruiz Mateos, llevan once meses sin cobrar y su situación es insostenible. El equipo de Vallecas, a pesar de todo, sigue en posiciones de ascenso a Primera división.
