La situación de la Generalitat Valenciana ante la invalidez del aval es paradójica. Por una parte, supone un golpe duro para su imagen, por haber respaldado irregularmente el préstamo de la Fundació del Valencia, y por otro le libera de su obligación de hacer frente a los más de 100 millones de euros que quedan por pagar de un créditoque lastraba su delicada economía. De ahí que ayer el Consell no despejara las dudas de si recurrirá una sentencia que le es beneficiosa porque le exime de su condición de avalista. La respuesta oficial es que, una vez sus abogados estudien el caso, decidirá el camino a emprender.
El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, fue muy claro y afirmó que la sentencia «puede cambiar significativamente el panorama y el escenario del Valencia y de la fundación». «Lo que es evidente es que si la sentencia libera a la Generalitat de esa carga, esa carga deja de existir. Pero tenemos que hacer un estudio de la sentencia y sus consecuencias jurídicas», puntualizó el vicepresidente. Ciscar aclaró que no entiende que este fallo judicial suponga que la propiedad del Valencia pase a Bankia, ya que «las acciones seguirán siendo propiedad de la fundación y esta tendrá un préstamo con Bankia en el que la garantía del aval de la Generalitat desaparece, pero esto no quiere decir que Bankia tenga la propiedad», insistió.
Recuperar los 4,8 millones
Respecto a este tipo de avales, Ciscar reiteró la actual posición del Gobierno valenciano con el club de Mestalla: «Son otros tiempos y otras prioridades. Y no podemos ser garantes de la sociedades deportivas. Las administraciones no pueden ser la garantía de las sociedades deportivas. Ahora intentaremos recuperar los 4,8 millones pagados», dijo. Mientras, el conseller de Economía, Máximo Buch, dijo ayer que desconoce si el IVF recurrirá ante el juzgado. Buch aseguró que en cuanto se tenga el informe de la Abogacía, que ha cifrado en «cuestión de días», el Consell tendrá «una decisión tomada» que se hará pública. Dijo que «no sería prudente hacer conjeturas» sobre las consecuencias de la sentencia: «Realmente mi preparación profesional no está en el campo del derecho».
Sobre si se plantean pedir responsabilidades al IVF, Buch afirmó que hasta que no vea el informe de los abogados no se plantea nada, y añadió que este organismo depende del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, de quien está seguro que no tomará ninguna determinación «hasta no conocer lo que recomiendan los abogados». Respecto a la posibilidad de que Bankia demande al IVF por daños y perjuicios, el conseller de Economía señaló que en ningún caso supondría un coste superior al que ya se tiene porque el perjuicio serían los 86 millones de euros, de manera que «la deuda es la misma». Asimismo, señaló que el escenario que plantea esta sentencia «es uno de los escenarios que tiene que contemplar la hoja de ruta» y por eso, dijo, es un documento que «cuesta».
