Los 42 acusados, entre ellos 37 futbolistas, por el supuesto amaño del partido Levante UD-Zaragoza de 2011 serán juzgados a partir del martes en València. Todos declararán entre el día 3 y el 13 de septiembre, aunque el juicio se alargará hasta el día 30. La Audiencia Provincial reabrió el caso el pasado mes de enero e inició el camino para que el caso fuese al Juzgado de lo Penal. La Audiencia vio suficientes indicios, principalmente el referente a que los jugadores del Levante UD no utilizaron sus tarjetas de crédito en las semanas posteriores al partido y dispusieron de más dinero en efectivo de lo habitual. Ahora llega el momento de intentar demostrarlo.
El encuentro, disputado en mayo de 2011, terminó con victoria del Zaragoza por 1-2. El conjunto maño necesitaba la victoria para seguir en Primera División, mientras que el Levante UD ya estaba salvado. La Fiscalía Anticorrupción abrió el caso y posteriormente se unieron como acusación La Liga y el Deportivo de la Coruña, equipo que terminó descendiendo aquella temporada. El Juzgado de Instrucción había archivado el caso en agosto pasado, después de perder el rastro de los más de 700.000 euros con los que, supuestamente, el Zaragoza pagó al Levante UD por dejarse perder.
Fraude deportivo
Dos argumentos muy sospechosos sostienen desde el principio la acusación contra los 42 investigados: la transacción de 727.120 euros a las cuentas de los futbolistas del equipo maño por parte de su presidente dos días antes del partido y la reducción de los gastos de los jugadores «granotes» en las semanas posteriores al encuentro. Nadie, sin embargo, ha podido seguir el rastro del dinero hasta ahora. La pista de un supuesto maletín se pierde en el momento en el que los zaragocistas extraen el ingreso de sus cuentas. El Zaragoza justificó esos ingresos como «primas», pero el testimonio de Gabi desmontó esta versión, al asegurar, textualmente, que hizo «lo que Agapito me dijo».
La petición de la Fiscalía para los 41 imputados (el 42 es el club aragonés) asciende a pena de prisión de 2 años e inhabilitación de 6 para los jugadores y la inhabilitación especial para los directivos para el ejercicio de industria o comercio, con una multa de casi 2 millones de euros (1,93 millones) a cada uno de los acusados. Esa es la petición por el delito de fraude deportivo, mientras que la de falsedad en documento mercantil, que recae sobre el expresidente, Agapito Iglesias, y los entonces consejeros Javier Porquera y Francisco Checa, establece una pena de prisión de 2 años y multa de 9 meses con cuota diaria de 50 euros. Además, también solicita para el Real Zaragoza como institución una multa de 2 años con una cuota diaria de 1.000 euros. Es decir, 730.000 euros. Mientras, también hay solicitud del decomiso de los 965.000 euros con los que presuntamente se pagó a los jugadores del Levante y se abre pieza de responsabilidad civil para cada uno de los acusados.
El martes, a las 9.30 horas, están citados todos los acusados. Por el Zaragoza, al margen del club, están Agapito Iglesias, Porquera y Checa, además del director deportivo, Antonio Prieto, y del entrenador, Javier Aguirre, y los jugadores Lanzaro, Doblas, Da Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio, Ponzio, Gabi, Diogo, Obradovic, Uche, Pinter, Paredes, Leo Franco, Jarosik, Bertolo, Boutahar y Lafita, citados en aquel encuentro, además de los futbolistas del Levante Pallardó, Munúa, Héctor Rodas, Jordá, Rubén Suárez, Xavi Torres, Stuani, Wellington, Jefferson Montero, Robusté, Javi Venta, Manuel Reina, Caicedo, Iborra, Xisco, Ballesteros, Juanfran y Cerra.
Un partido anómalo
El diario El Mundo aseguró en su edición del sábado que la Liga de Fútbol Profesional presentó hace unas semanas en el Juzgado un informe estadístico en el que, por primera vez, se apunta con datos concretos al amaño en aquel encuentro. El Informe Técnico de Análisis de Datos de Juego del Levante-Zaragoza, elaborado por Business Intelligence & Analytics de La Liga, recopila, analiza y compara los datos de este duelo con los obtenidos por ambos equipos esa temporada y, también, con partidos disputados desde 2006 «de idéntica naturaleza». En el informe se asegura que los locales hicieron sus peores números y los visitantes, los mejores.
Pese a los indicios, en el largo proceso de instrucción no hubo forma de acreditar ningún tipo de delito. No se hallaron pruebas ni indicios suficientes para inculpar a nadie, hasta que el juez decidió iniciar un proceso con el que la Liga quiere sentar un precedente en el fútbol español.
