La renovación de los consejeros designados por la Generalitat en las Autoridades Portuarias de la Comunitat (Castelló, València y Alicante) podría desbloquearse a finales de este mes tras las negociaciones que mantienen los partidos del Govern del Botànic para llegar a un acuerdo sobre los futuros cargos que representarán al Consell en los citados consejos de administración. En Alicante y Castelló, que deben renovar cuatro y tres vocales, respectivamente, no habrá problemas, a diferencia del recinto del Grao, embarcado en grandes proyectos de infraestructuras como el acceso norte terrestre y la nueva terminal de contenedores.
Quienes lo tienen algo más difícil para repetir como vocales designados por la Generalitat son el naviero Vicente Boluda (presidente de AVE) y Salvador Navarro (presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana CEV). En principio, los planes que manejan los socios del Botànic son sustituir a ambos patronos por altos cargos del Consell con «peso político» y vinculados al ámbito de la internacionalización, transporte y logística, según fuentes del sector. Boluda ha restado importancia a su continuidad como vocal de la Generalitat en el consejo (lleva 16 años), si bien aboga porque entren representantes de otras organizaciones empresariales como las de estibadores y de firmas consignatarias que operan en el Puerto de València. Además, considera necesario que los empresarios mantengan su peso en el órgano de gobierno presidido por Aurelio Martínez, del que también forman parte patronos designados por las propias organizaciones empresarias (puesto pendiente de designar tras el cese de José Vicente González, expresidente de Feria València), de la Cámara de Comercio (actualmente ocupado por el empresario del transporte Francisco Corell), así como de los sectores relevantes en el ámbito portuario (en manos de Gustavo Ferrer, director gerente de la terminal de Cosco).
A Salvador Navarro -que no figura en representación de organizaciones empresariales sino de la Generalitat- todavía le queda un año como consejero de Valenciaport. Navarro no estaría en los planes del pacto PSPV-Compromís-Podemos para que el máximo mandatario de la patronal autonómica tuviera uno de sus sillones en consejo de administración que se reúne en el edificio del Reloj del Puerto de València.
Aunque el pleno del Consell de ayer volvió a obviar la renovación de sus representantes en este ente público tutelado por el Ministerio de Fomento -paralizado desde principios de 2019- las pretensiones del Ejecutivo de Ximo Puig pasan por solucionar un proceso que afecta a otros dos consejeros designados por la Generalitat y cuya vigencia ha concluido: la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero y el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira. Ambos han mostrado su voluntad de continuar en Valenciaport. Con todo, eso dependerá del acuerdo final que cierren estas próximas semanas el PSPV y Compromís. Para esos cuatro puestos que tiene la Generalitat suenan la secretaria autonómica de Política Territorial, Inmaculada Orozco, así como la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra.
Gobierno central
El consejo de administración de Valenciaport debe aprobar en breve la adjudicación de la terminal de contenedores a la multinacional TIL-MSC, cuyo único voto en contra por el momento será el del acalde Joan Ribó, a la sazón consejero de la APV. En este organismo, además, aglutina tres representantes del Gobierno central, así como uno de los sindicatos (Pedro Suárez, de CC OO) y el alcalde de Sagunt (Darío Moreno). El capitán marítimo, Felipe Cano, así como el director general, Francesc Sánchez y la secretaria del consejo, Carmen de Puig -estos dos últimos con voz pero sin voto- también forman parte de un consejo de administración que cierra filas sobre las nuevas grandes infraestructuras proyectadas para su expansión comercial.
