El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde definitiva, tras debatir las enmiendas del Senado, a la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas, que incluye la supresión de las limitaciones de derechos de voto en empresas cotizadas, que el PSOE introdujo en la norma a través de una enmienda pactada posteriormente con CiU y que en los próximos días será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, en virtud del acuerdo con CiU, esta disposición no entrará en vigor hasta un año después que el resto de la Ley, es decir, en junio de 2011, prevención tomada para evitar que la supresión "interfiera" en la celebración de las juntas de accionistas de las empresas afectadas por la modificación, entre las que figuran compañías como Telefónica, Banco Popular o las energéticas Repsol YPF y, especialmente, Iberdrola, inmersa en un conflicto con su principal accionista, el grupo ACS.

Aunque gracias al aval de la abstención del PP -que llegó incluso a retirar sus enmiendas al respecto- la disposición salió intacta del Senado, con lo que no se volvió a votar, los diputados del PNV y del grupo ERC-IU-ICV aprovecharon para expresar su visión sobre una medidas que ha provocado un intenso debate desde el pasado mes de febrero, cuando se conoció la conocida como "enmienda antiblindajes" o "enmienda Florentino". Este cambio permitirá a empresas como ACS hacer valer en derechos de voto su participación real en una compañía. La empresa que preside Florentino Pérez tiene el 14% de Iberdrola y no cuenta con sillón en el consejo de administración por que la junta de accionistas alegó razones de conflicto de intereses.