10 de abril de 2011
10.04.2011
Reestructuración

La responsabilidad del Consell en las cajas

10.04.2011 | 12:59

La Generalitat ha intentado, tras la ruptura del Banco Base que ha puesto al borde del abismo a la CAM, culpar al Banco de España de la situación. Sin embargo, la administración autonómica ejerce la tutela de las cajas valencianas y ha nombrado a buena parte de sus consejeros, además de estar informada sobre sus cuentas. ¿Por qué no puso medios para evitar la gestión que las ha llevado a manos de otros?

En estricta aplicación de la ley de Murphy, lo que empezó mal podía ir a peor y se ha cumplido. La ruptura del Banco Base ha colocado a la CAM, la cuarta caja de ahorros española antes de iniciarse el proceso de reestructuracion financiera, en una situación crítica. Y eso que hace dos semanas el panorama ya era inquietante, con una CAM integrada en un grupo coliderado por una entidad -Cajastur- de mucho menor tamaño. Mientras, Bancaja, la otrora tercera caja de ahorros del país, empieza a diluirse en Bankia, el banco liderado por Caja Madrid.

Qué lejos parece quedar, aunque no sea así, aquel día de noviembre de 2009 en el que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reunió a los máximos responsables de las tres cajas valencianas -José Luis Olivas (Bancaja), Modesto Crespo (CAM) y Rafael Soriano (Caixa Ontinyent)- para darles una consigna que hoy día, visto lo visto, parece irreal: El Consell no permitiría bajo ningún concepto que las cajas valencianas, reacias a unirse entre sí, acabaran en manos de otras entidades. Eran líderes y debían demostrarlo. Seis meses más tarde, habían dejado de serlo y se habían implicado, con el forzado aplauso del Consell, en unos grupos que iban a certificar el fin de un sistema financiero valenciano de calado.

Este desastre sin paliativos, como se está poniendo de manifiesto con el transcurso de los meses, no debería haber sido una sorpresa para nadie, porque lo que la crisis económica ha demostrado es que las dos grandes cajas valencianas tenían los pies de barro y ocupaban, probablemente, una posición ficticia, al menos en correspondencia con el peso real de la economía que las sustentaba: la valenciana. Hay coincidencia general en que los responsables de la CAM no han manejado con destreza su participación en el Banco Base, pero aún es más común la opinión general de que la entidad, al igual que Bancaja, no habría acabado de esta manera si en los años de la bonanza económica hubiera sido gestionada con unos criterios de mayor prudencia.

En los grandes proyectos
La dos grandes cajas valencianas han participado en todos los proyectos -algunos de ellos megalómanos- del Consell, desde los rentables, como los hospitales de gestión privada, a otros ruinosos como Terra Mítica, la Ciudad de la Luz o el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. Pero esta no ha sido su peor apuesta, sino su desbocada financiación al sector inmobiliario y su actuación como promotoras. Proyectos como el de El Pocero en Seseña, Polaris World o Martinsa, la mayor suspensión de pagos de la historia española, son testigos de un tiempo de crédito feliz.

Ahora que se está fraguando el posible fin de la centenaria caja alicantina, la respuesta del Gobierno valenciano no ha sido muy diferente de la que ha puesto en práctica en otras situaciones conflictivas: negar la realidad y acusar a los socialistas, en este caso al Gobierno. Así, el presidente de la Generalitat, cuando se veía venir que los socios de la CAM en Banco Base, asustados por las cuentas reales de la entidad y las consecuencias que tendría una unión con ella, empezaron a maniobrar para dejar sola a la alicantina, no tuvo el menor empacho en culpar de lo que sucediera al Banco de España, que, ciertamente, no ha tenido una actuación sobresaliente en todo el proceso de reestructuración, aunque es muy probable que se haya limitado a hacer lo que ha podido o lo que en un principio le dejaron hacer gobiernos autonómicos como el valenciano, que se resistieron inicialmente a ceder el poder añadido que les conferían sus respectivas cajas y torpedearon operaciones que, financieramente, tenían más sentido que las que luego se formalizaron.

Las explicaciones de Vela
Días más tarde, consumada la defunción del Banco Base, el Consell quiso hacer un pronunciamiento público sobre su posición al respecto. No compareció Camps, ni siquiera el vicepresidente económico, Gerardo Camps, el mismo que en 2009 auguró pérdidas para la CAM en 2010. A toda prisa, se convocó una rueda de prensa en la que el director general de Economía, José Manuel Vela, dijo, sustancialmente, tres cosas: que no le parecía "grave" lo que estaba sucediendo, que no había que "demonizar" a los gestores de las cajas y que la Generalitat no tenía ninguna responsabilidad al respecto, porque es administración tutelante de las cajas, pero desde un punto de vista jurídico-administrativo, y, como el problema de la CAM se derivaba de las exigencias de solvencia del Banco de España -unos requisitos que fueron consecuencia, entre otros motivos, de la necesidad de la entidad de debilitar su capital para cumplir con las crecientes provisiones para dotar la cada vez mayor morosidad por su, digamos, atrevida gestión- el culpable no podía ser otro que la institución presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Resulta chocante oír a los miembros del Consell echar balones fuera cuando su brazo financiero, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), tiene entre sus misiones "ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que estén bajo tutela de la Generalitat, así como de la banca privada, en los términos que disponga la legislación básica estatal". Es cierto, como explicaron fuentes financieras consultadas por este diario, que la función supervisora -a excepción de las entidades que sólo operan en la Comunitat Valenciana- corresponde al Banco de España, que también es el que se encarga de realizar inspecciones periódicas a todas las entidades financieras, pero no lo es menos que el IVF tuvo acceso siempre a toda la información relacionada con las entidades que operan en la autonomía bajo su tutela, incluidas las inspecciones. "La Generalitat era conocedora de la deriva de la CAM [y de Bancaja] y, aunque no podían forzar ciertas actuaciones, sí podían influir en los gestores de la caja a través de sus representantes en el consejo de administración", apunta una de las fuentes consultadas.

De todo lo anterior se deduce que la Generalitat conocía, cuando Camps abogaba por que CAM y Bancaja lideraran proyectos nacionales, los balances de las cajas y, en consecuencia, cobra un cariz tremendo el anuncio de su conseller de Economía de que la alicantina tendría pérdidas el año pasado. No fue así, según los datos presentados ante la CNMV y el supervisor, pero esas cuentas ahora están en entredicho al ser motivo de la ruptura del Banco Base. ¿Sabía entonces Gerardo Camps que la CAM estaba mucho peor de lo que parecía? Su principal respuesta fue tratar de fusionarla con Bancaja, una operación en aquel momento inviable por sus elevados costes y el rechazo alicantino -el mismo que ahora, respecto a los asturianos, puede llevar a la entidad a ser troceada-, pero que tal vez se hubiera podido producir si la Generalitat hubiera utilizado con anterioridad su tremenda influencia a través de los consejeros que nombra -y en la última renovación el PP se apropió de la mayoría de las plazas para castigar al PSPV por Gürtel-para poner freno a la política de los gestores de competir directamente con la otra para hacer imposible la unión.

La carrera inmobiliaria
Lo mismo podía haber hecho respecto de la enloquecida carrera de financiación inmobiliaria llevada a cabo por las dos cajas valencianas, fruto de la cual el año pasado el 76 % del volumen total de créditos concedidos por Bancaja estaba relacionado de una forma u otra con la vivienda. ¿Por qué los miembros de los consejos de administración de las dos entidades no pusieron freno a la política de expansión de los equipos directivos? ¿Tendrá, por cierto, algo que ver la presencia de varios constructores entre los citados vocales?. No menos significativa ha sido la utilización de las entidades de ahorros valencianas por parte de la Generalitat como instrumentos financieros en cualquiera de las aventuras que la administración autonómica dirigida por el PP ha emprendido en estos últimos quince años, todas ellas de mucho relumbrón y una mayoría ruinosos.

Muchos cambios en Bankia en menos de un año de vida
Bien cierto es que hay que hacer de la necesidad virtud, pero no lo es menos que el proceso en el que está inmersa Bancaja -el proyecto de Bankia con Caja Madrid y otras cinco cajas de menor tamaño- ha sufrido cambios de calado desde su anuncio en junio de 2010, así que no sería de extrañar que se vean antes de lo previsto algunas medidas auguradas por los expertos, como una conversión de las cajas asociadas en meras fundaciones, conforme su peso se vaya diluyendo por la entrada de inversores, o una futura uniformización de la marca que suponga la desaparición de las denominaciones Bancaja o Caja Madrid en beneficio de Bankia. De momento, por necesidades del guión, el grupo creado en torno a un SIP se ha transformado en un banco, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que, para contentar a los futuros inversores, ha sido dividido en dos: el propio BFA, con los 53.000 millones de activos malos, y una firma de banca privada de Caja Madrid, Altae, que será rebautizada como Bankia y que saldrá a bolsa con los mejores activos del grupo (275.000 millones). Este cambio deja en el aire uno de los compromisos iniciales, que la sede social del banco estuviera en Valencia, dado que Altae está ubicado en Madrid. Y los consejeros que tan alegres se vieron designados para el BFA, muchos de ellos con un claro cariz político y entre los cuales están por Bancaja Rafael Ferrando, José Luis Olivas, José Rafael García-Fuster, Antonio Tirado y Ángel Villanueva, viven ahora la incertidumbre de si les nombrarán para Bankia o si ya sólo permanecerán en el BFA, a gestionar lo que maliciosamente ya se ha calificado de "inmobiliaria", que, eso sí, estará en Valencia.

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