Las negociaciones que abrió el Gobierno con la patronal y las principales organizaciones sindicales de España durante los años ochenta para repartir parte del patrimonio inmobiliario incautado durante el franquismo a las principales organizaciones de trabajadores y de empresarios concluyeron en el año 1986 con una importante cesión de espacios públicos en la Comunitat Valenciana. Entonces se promulgó la Ley de devolución de bienes incautados a los sindicatos durante la etapa franquista. Ese reparto de bienes se refería tanto a bienes «históricos» como a «acumulados» durante las últimas décadas. Con el paso de los años el patrimonio ha crecido sustancialmente en las principales organizaciones patronales (Cierval en el ámbito autonómico) y sindicales (Comisiones Obreras y UGT) de la Comunitat Valenciana, con el usufructo vitalicio de activos.
Los expedientes de cesión de espacios pertenecientes al patrimonio sindical acumulado, ubicados en la Comunitat Valenciana, también incluyen recintos en manos de la patronal CEOE a través de las organizaciones autonómicas o provinciales. En total suman casi 40.000 metros cuadrados, según constata un informe del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La organización más beneficiada es Comisiones Obreras con 17.000 metros cuadrados, de los que más de la mitad están en Valencia, mientras que UGT logró 12.000 metros. Por su parte, CEOE consiguió 6.000 metros. Ahí figuran los palacetes de la plaza Conde de Carlet (sede de la Confederación Empresarial Valenciana) o de la calle Hernán Cortés, donde se alberga la plana mayor de la patronal autonómica Cierval.
La Unión Sindical Obrera (USO) y la Confederación General del Trabajo (luego escindida en la CGT) se quedaron con patrimonio sindical mientras que otros como el Sindicato Independiente (SI) no logró nada. CNT fue organización mayoritaria antes de la Guerra Civil, pero ahora debe conformarse con una modesta planta baja de 144 metros cuadrados en la calle Barraca de Valencia (en el Cabanyal). La Confederación General del Trabajo (CGT) ocupa desde mediados de los noventa un inmueble en la avenida del Cid de Valencia tras al visto bueno de la Delegación del Gobierno. Una estrategia que también llevó a cabo en otras ciudades españolas durante aquella época.
Principales beneficiados
Cuenta esta central anarcosindicalista en su análisis sobre el patrimonio sindical acumulado que UGT recibió una elevada compensación por los bienes incautados durante la dictadura. A principios de los años ochenta recibió 25 millones de euros (4.100 millones de las antiguas pesetas). «A esto habría que añadir las diferentes sumas económicas y locales que se le entregaron en los años sucesivos. También habían tenido acceso a locales que provenían del antiguo sindicato vertical, al que por ley estaban inscritos en él todos los trabajadores», asegura esta organización sindical. A UGT le habían sido abonadas importantes sumas, sin duda por los buenos oficios del PSOE, al cual le convenía que el sindicato de tendencia socialista fuera el que ostentase la primacía en toda España desde la ley de libertad sindical, que garantizó su representatividad paritaria con Comisiones Obreras en las mesas institucionales de negociación.
A la CNT, por el contrario, le fue denegado sistemáticamente el uso y disfrute de los locales del patrimonio acumulado que cayeron en manos de otros sindicatos como UGT, CC OO, ELA (implantado en el País Vasco) o Unión Sindical Obrera, entre otros. La central anarcosindicalista, discriminada, «se había visto desoída una y otra vez en la reclamación de lo que legítimamente le correspondía y cuyo patrimonio había sido fruto de las cotizaciones y aportaciones de sus afiliados», asegura en su informe sobre patrimonio sindical acumulado. Y todo esto a pesar de que la CNT, y tal vez incluso por encima de la UGT, había sido el sindicato que más locales había mantenido antes de la guerra civil. En estos últimos años no se han producido más cesiones de inmuebles, si bien las organizaciones han visto incrementado su patrimonio con la adquisición de espacios para impartir cursos de formación. UGT dispone de un edificio en el parque tecnológico de Paterna, mientras que la Fundación Pascual Tomás gestiona otros inmuebles como la escuela de formación de Almàssera. Por su parte, CC OO cuenta con la Fundación Forem y la escuela 1º de Mayo.
La patronal autonómica Cierval y los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras se repartirán este año 23,5 millones de euros en ayudas para la ejecución de los planes de formación continua correspondientes al año 2011. El grueso de los fondos se canalizará a través de la patronal autonómica, que gestionará 12,3 millones de euros, mientras que 5,7 millones corresponden a la UGT y 5,5 millones, a Comisiones Obreras. El reparto de ayudas públicas, procedentes del Fondo Social Europeo (FSE) ya tiene el visto bueno del Consell y se enmarcan en los acuerdos plurianuales incluidos en el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace).
Las gestión del patrimonio sindical y patronal a lo largo de la esta historia reciente coincide con tiempos en los que se ha cuestionado su legitimidad y representatividad. Así las cosas, tres de cada cuatro trabajadores no se considera bien representado por los sindicatos según constata el Estudio de opinión sobre el mercado laboral 2011, elaborado por la consultora de recursos humanos Infojobs. Además, la mitad de los trabajadores autónomos y empresarios españoles tampoco confía en sus respectivas asociaciones patronales.
Opinión de los asalariados
La mitad de los asalariados piensa que los representantes de los trabajadores «miran únicamente por sus intereses», mientras que uno de cada cinco cree que «han perdido poder de negociación». De otro lado, entre los propios afiliados de los partidos cunde el desánimo, pues el 48% no se siente representado por el sindicato al que pertenece. También llama la atención que casi la mitad de los autónomos y empresarios considera que las asociaciones patronales solo miran por sus intereses y deberían optar por realizar un plan Renove —como el del automóvil— para renovar a sus dirigentes. Un 19 % cree que han perdido fuerza y un 56 % piensa que las organizaciones están obsoletas. En este último apartado, casi la mitad de los trabajadores considera «caduco» el modelo de representación sindical.
