El exdirector de planificación y control de la CAM Teófilo Sogorb ha acusado hoy a la última directora general de la caja, María Dolores Amorós, de haber ideado un plan para captar liquidez a través de los clientes mediante productos financieros complejos como las participaciones preferentes.
Según han señalado a los medios fuentes cercanas al caso, Sogorb -que ha declarado hoy como imputado en la Audiencia Nacional-, ha explicado a la fiscalía y al juez que fue Amorós la encargada de diseñar esta operación a fin de captar en el mercado minoritario el crédito que negaban a la entidad los mercados financieros en 2008.
En el marco de la primera sesión de la toma de declaraciones a cinco exdirectivos de la entidad alicantina, tanto Sogorb como el exdirector de recursos de la CAM Vicente Soriano han reconocido que desconocían el crédito sindicado por 1.200 millones que se otorgó la urbanización Polaris World y en el que participó la caja.
Por otro lado, y según las mismas fuentes, el fiscal ha sacado a colación un intercambio de correos electrónicos entre los miembros del consejo de administración de la CAM sobre un informe elaborado por la consultora PwC en relación con los estados financieros de la entidad.
De acuerdo con la defensa de una de las partes, el fiscal ha subrayado que estos correos confidenciales iban encabezados por una frase que decía "leer, actuar y destruir". Un punto sobre el que han restado importancia ambos acusados, que han asegurado que "era una frase que se ponía".
Está previsto que mañana mismo la Plataforma CAM, querellante en el caso y representada por el abogado Diego de Ramón, solicite prisión para la antigua cúpula de la CAM o una fianza solidaria de 12 millones entre los cinco imputados, a los que acusa de delitos societarios, manipulación de mercado, apropiación indebida y estafa.
Otro de los temas que han centrado el interrogatorio a Sogorb y Soriano, y en el que se ha personado el Frob, ha sido el de la remuneración del consejo de administración de la caja.
Por su parte, los afectados personados por la CAM se preguntan además de dónde salieron los 300 millones de dólares que utilizó la CAM para adquirir la constructora mexicana Crédito Inmobiliario, si de los depósitos de clientes o de presuntas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
Asimismo, solicitan que se investiguen los créditos fallidos que otorgó la caja y las garantías que se aportaron, así como las líneas de crédito que se dieron al PP valenciano.
A lo largo de esta semana, está previsto que declaren como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez el expresidente del Consejo de Administración de la entidad Modesto Crespo, el exdirector general Roberto López Abad y la que fue su sucesora en el cargo, María Dolores Amorós.
La causa que se sigue contra la antigua cúpula de la entidad está motivada por una querella presentada por varias personas, entre ellas Diego de Ramón, y a la que se sumaron luego titulares de las participaciones preferentes y cuotas participativas de la caja.
