Los recibos de la luz de los 3,4 millones de hogares y empresas de la Comunitat Valenciana se verán afectados a partir del próximo año por un nuevo gravamen que, en principio, iba destinado a las empresas productoras de energía. El Ministerio de Industria prepara actualmente un reglamento para que autonomías como la valenciana, que han decidido instaurar tasas a las eléctricas, repercutan exclusivamente entre los usuarios de la propia comunidad, y así evitar que los costes los acaben pagando los consumidores de otras administraciones territoriales que han decidido no implantarlo.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el Consell aprobó el pasado mes de junio un anteproyecto de Ley de Impuestos Ambientales, que está pendiente de tramitación por vía de urgencia en las Corts „el plazo para la presentación de enmiendas finaliza el próximo martes„ en el que implantan unos nuevos impuestos sobre actividades económicas que repercuten en el medio ambiente, para las empresas cuyas instalaciones se encuentran radicadas en cualquiera de las tres provincias. Se trata de un gravamen que ya han aplicado otras autonomías, como la castellano-manchega, extremeña, castellano-leonesa o la murciana, con los que se pretende obtener una nueva fuente de ingresos ante la deteriorada situación de las arcas autonómicas.

Extremadura ha sido la única que ha decidido gravar todas las actividades, incluyendo las alternativas y el transporte de energía, aplicando, además, la mayor tasa a la nuclear, en cuyo territorio se encuentran las centrales de Almaraz 1 y 2. La junta contempla una tasa de 1,5 euros por MW/h, que supone alrededor del 4,7 % de los ingresos de las dos centrales nucleares.

La Conselleria de Hacienda, por su parte, con los nuevos impuestos ambientales pretende ingresar alrededor de 30,94 millones de euros anuales, de los cuales, más de 25 corresponderían a la generación de energía eléctrica. De ellos, más de 17 se obtendrían de la tasa de 0,018 euros por kw/h a la nuclear „Cofrentes„, que en 2011 registró una producción de 7.900 millones de KW/h. Otros 7.369.600 euros saldrían de la tasa de 0,0008 euros por KW/h a las centrales de ciclo combinado „Castelló y Sagunt„ que producen cerca de 9.500 KW/h anuales. Y por último, otros 580.000 euros saldrían de la tasa de 0,0004 euros por KW/h a las centrales hidroeléctricas, fundamentalmente Cortes-La Muela, Cofrentes y Millares, que producen alrededor de 1.450 millones de KW/h anuales.

La primera organización en dar la voz de alerta sobre estas nuevas tasas fue el Consejo Económico y Social (CES) valenciano, que emitió un informe en el que recomendaba su paralización, pese a entender «la necesidad de regular las medidas impositivas para la mejora de la sostenibilidad medioambiental». El consejo, no obstante, advertía que podría «afectar negativamente a la actividad del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana en un momento delicado».

La patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, también consideró que su implantación iba a suponer una nueva carga sobre la industria turística, al dar por hecho que las eléctricas iban a repercutir el nuevo gravamen sobre el recibo de la luz. Y efectivamente, los cambios reglamentarios que prepara el Ministerio de Industria van a aumentar la presión sobre los bolsillos de los consumidores y empresas de la Comunitat Valenciana, que al final serán los que asuman el coste, que de media supondrá 7,4 euros por usuario.

La idea del departamento que dirige José Manuel Soria a la hora de territorializar las tasas, es que su coste no se reparta entre todos los consumidores españoles, sino que recaigan exclusivamente sobre los de las autonomías cuyos gobiernos se van a ver beneficiados por la recaudación del nuevo gravamen.