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Grandes accionistas del Banco de Valencia preparan una acción judicial contra el FROB, propietario del 91 % de la entidad financiera, por la gestión que ha llevado a cabo en la misma, al considerar que ha sido negativa para sus intereses. Según las fuentes consultadas por Levante-EMV, la participación en esta acción judicial está reservada a quienes poseían al menos un 1 % del banco. De todas formas, los abogados de estas grandes fortunas valencianas, han optado por esperar a ver cómo se desarrollan las numerosas denuncias presentadas por la quiebra de la entidad antes de presentar nuevas demandas. Accionistas históricos del Banco de Valencia como la familia Noguera, Celestino Aznar, Silvestre Segarra o los Lladró, integrantes en su mayoría del consejo, sufrieron elevadas pérdidas patrimoniales con el paulatino declive del banco y, muy especialmente, tras su intervención por el Banco de España el 21 de noviembre de 2011, que situó como nuevo gestor del mismo al FROB.
Tras esta última medida, la Asociación ProBanco de Valencia, que aglutinaba a accionistas medianos, presionó para que se diera una participación residual en la entidad a los antiguos propietarios. El FROB accedió y, aunque ningún accionista acudió a la ampliación de capital por mil millones realizada el pasado junio, el fondo público, que ya había situado como director general del banco a José Antonio Iturriaga, se quedó con el 91 % de la entidad. No obstante, tras la reciente decisión de venta del mismo a CaixaBank por un euro previa inyección de 4.500 millones el valor de los títulos ha pasado de 0,20 a 0,01 euros y ahora queda por ver cuáles son los planes de la entidad catalana respecto a los minoritarios.
La prudencia de los abogados de los grandes accionistas tiene su lógica. Y es que la ruina de la entidad valenciana se encuentra, judicialmente, muy enmarañada. Los pequeños accionistas reunidos en Apabankval presentaron en febrero de 2012 una querella en los juzgados de Valencia contra todos los integrantes del consejo de administración, a los que acusa, entre otros, de los delitos de falsedad en cuentas públicas y administración desleal. Posteriormente, el FROB presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia contra los exconsejeros delegados Domingo Parra y Aurelio Izquierdo y contra diversos miembros de la familia de empresarios castellonenses Calabuig por la comisión supuestamente de delitos en distintas operaciones, entre ellas la de la toma de control de Aguas de Valencia, que preside Eugenio Calabuig.
Expediente
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha hecho cargo de todas las investigaciones, si bien está a la espera de que la Audiencia Provincial de Valencia resuelva los recursos de los acusados contra la decisión del juzgado valenciano que llevaba el caso y que se ha inhibido ante Pedraz. Este último ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción del expediente sancionador del Banco de España contra los consejeros del banco, incluido su expresidente, José Luis Olivas, y en el que también ha detectado actuaciones presuntamente delictivas. Por su parte, el FROB ultima la ampliación de su primera querella al haber descubierto más irregularidades en varias operaciones, fundamentalmente inmobiliarias, en las que estarían implicados Parra y empresarios tanto valencianos como de autonomías limítrofes.
