La funcionaria autonómica Paloma Coiduras llevó a la Olaf (Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude) proyectos rurales concedidos en la Comunitat Valenciana que acabaron en grandes fincas agrarias en Andalucía, que le hacen la competencia a la propia Comunitat Valenciana. Según la denuncia, se aprobaron ayudas sin presentar proyectos y sin justificaciones y se estarían dando ayudas a empresas con sede en Valencia pero que trabajan en otras autonomías. Podríamos estar hablando de un fraude de 2 o 3 millones de euros. En resumen, con recursos destinados a un territorio se desvían a otros. La empleada pública presentó otra denuncia en la Fiscalía Anticorrupción con abundante documentación sobre supuesto fraude del Consell en la gestión de 128 millones entre 2008 y 2013 en dos líneas de ayuda denominadas Ruralter-Leader y Ruralter-Paisaje, financiadas en el primer caso en un 50% por la Unión Europea. Con actuaciones rurales se restauraron iglesias y otras obras que nada tenían que ver con el desarrollo de estas zonas. s. pitarch lugar
