La preocupación es más que evidente entre los 37 consejeros y exconsejeros de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana después de la propuesta de sanción que acaba de notificarles el Banco de España. La falta de un seguro de responsabilidad civil hace que tengan que responder con sus propios patrimonios a unas sanciones que oscilan entre los 43.000 y los 100.000 euros en función de los casos, siempre que el supervisor finalmente acabe confirmando el castigo.
El Banco de España ya notificó el pasado mes de enero a la SGR y a sus consejeros el pliego de cargos por la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de los ratios de solvencia durante los meses previos a la refinanciación de su deuda, especialmente entre noviembre de 2011 y julio de 2013. Sin embargo, ha sido ahora cuando ha dado traslado de la propuesta de sanción, que llega a los 200.000 euros en el caso de la propia sociedad, mientras que, para los consejeros, las penas oscilan entre los 43.000 y los 100.000 euros, en función del grado de responsabilidad y del tiempo que estuvieron en el cargo.
La ausencia de esa póliza, de hecho, hace que, en caso de que el Banco de España llegue a confirmar las sanciones, sean los propios consejeros los que tengan que asumir el pago de las multas con cargo a su patrimonio, al menos en principio. Esto, lógicamente, ha causado indignación, mucha indignación, entre los propios consejeros, entre los que hay empresarios, pero también técnicos de las organizaciones empresariales que tenían representación en la entidad, como, sin ir más lejos, en el caso de Alicante, Javier López Mora, nombrado por Coepa, o Andrés Sevila, que iba por la Cámara de Comercio.
De un lado, consejeros consultados dicen que está lo que consideran que puede ser un golpe a su reputación y, de otro, la multa en sí, que, en caso de tener que hacer frente a ella, pondría a no pocos de ellos contra las cuerdas por las cantidades que incorpora la propuesta inicial del Banco de España.
Sin aseguradoras interesadas
Ya no sólo eso. Algunos consejeros seguían manteniendo ayer que en una de las primeras reuniones tras la reestructuración, concretamente en de mayo de 2012, los propios integrantes del órgano de administración llegaron a pedir la contratación de un seguro que pudiera cubrir las posibles responsabilidades derivadas del ejercicio de su cargo. Sin embargo, no se llegó a formalizar, y muchos no se llegaron a enterar hasta que no salió a la luz el expediente que había abierto el Banco de España. La explicación que se les dio es que no había sido posible, nadie les hacía la póliza.
