Los 640.000 euros en dietas que convirtieron al empresario Modesto Crespo en el único presidente de la CAM que ha cobrado les pueden salir caros a todos los miembros del consejo de administración que aprobó ese abono y a quien entonces era el director general de la entidad, Roberto López Abad, que lo propuso. El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha presentado un escrito ante el nuevo instructor del procedimiento en el que pide que por estos hechos se juzgue, además de al propio Crespo, a los otros 19 miembros del consejo como coatuores de un delito de administración desleal y/o apropiación indebida del que a López Abad le considera inductor o cooperador necesario.
Entre los imputados (ahora investigados) para los que pide el procesamiento se encuentran quienes fueran los tres últimos vicepresidentes de la entidad: el alicantino Armando Sala, el valenciano Antonio Gil-Terrón y el murciano Ángel Martínez. El acusador público sostiene que, a propuesta de López Abad, el consejo del 27 de noviembre de 2009 aprobó el nombramiento de Crespo como presidente también de la participada Tinser para así poder abonarle 300.000 euros al año bajo la apariencia de que se trataba de dietas.
