El Consejo de Estado ha abierto una investigación para tratar de descubrir si los fabricantes de electrodomésticos destinan la tasa de reciclaje que añaden a cada aparato a la hora de venderlo a financiar la gestión para que estos tengan un nueva vida.
Y es que, un informe del propio Consejo de Estado apunta que en España podría estar produciéndose un fraude de dimensiones mayúsculas. «Según algunas fuentes, los productores podrían haber estado ingresando unos 300 millones de España anualmente y destinando a la gestión de los residuos, según las memorias de los sistemas colectivos, unos 65 millones», asegura el mismo informe. El consejo añade, además, que el destino del resto del dinero que no va a parar la gestión del reciclaje «es desconocido» y va más allá y apunta que «puede que se encuentre en inversiones bancarias (fondos de inversión) o destinados a los beneficios netos de los productores o dedicados a futuribles gestiones de residuos, mezclando aspectos relacionados con información, financiación y garantías financieras. Adicionalmente, se añade, solo se ha aplicado en algunas categorías de aparatos», añade.
Se calcula que, actualmente, el volumen de chatarra electrónica aumenta entre un 16 % y un 28 % cada cinco años. En España el volumen de residuos electrónicos crece un 20 % cada año. Según la Universidad de Naciones Unidas y Eurostat, cada español genera 17 kilos de media al año.
Desde el año 2005 todos los españoles pagan por el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, este coste adicional no aparece desglosado en la factura del electrodoméstico, a diferencia de lo que sucede cuando se cambian los neumáticos, donde queda patente que se abona un concepto para su reciclado posterior. Este hecho favorece que el usuario desconozca que ya ha pagado por el reciclado de un equipo que se convierte en residuo al final de su vida útil. Una tasa nada despreciable de 18 euros, por ejemplo, en la compra de un frigorífico.
Esta tasa, cobrada por los fabricantes, es la que debería financiar el reciclado de todos los RAEE sin excepción. Un reciclado que se consigue a través de los denominados sistemas integrados de gestión que se encargan de organizar el transporte y tratamiento de estos residuos a través de las aportaciones económicas de los fabricantes. Sin embargo, un informe del Consejo de Estado deja claro que el actual sistema no pretende redundar en un incremento del reciclado de estos residuos: «Esta cantidad recaudada por los productores en el precio de todos los productos que ponen en el mercado no se ha destinado a financiar la gestión de los residuos (entre otras cosas porque se recoge muy poco residuo) y se ha convertido en un margen fijo de beneficio adicional para el productor», apunta.«Se está investigando si pudiera inferirse algún tipo de fraude económico», apuntan desde el propio Consejo.
Sobre el papel, la función de los Sistema de Gestión es clara: después que el ciudadano compre el electrodoméstico (y con él su reciclado), el dinero del fabricante debe transferirse al SIG para que articule el transporte y organice el reciclado del residuo. «El problema viene cuando el fabricante no transfiere la totalidad del dinero recaudado. Es decir, los SIG tienen un menor presupuesto para gestionar los RAEE. No es sostenible», apunta una fuente del sector. Una situación de la que ni fabricantes ni SIG hablan. «Y nadie se va a quejar más allá de una pataleta espontánea. Los SIG son presa de los fabricantes. Y las consecuencias de todo este desaguisado la pagamos los consumidores que ya hemos abonado la gestión de un residuo», abunda.
El 90 % se puede reciclar
Las razones que explican el crecimiento del volumen de residuos son, fundamentalmente, el aumento del consumo de tecnología y un mal tratamiento de los componentes de los aparatos cuando se dejan de usar. «Con un tratamiento adecuado, se podría reutilizar entre el 70 % y el 90 % de los residuos electrónicos que generamos», apunta Thibaud de Larauze, CEO de Back Market, el primer mercado de productos reacondicionados en España.
Una de las consecuencias más graves que tiene el incremento de estos residuos es que la inmensa mayoría de los aparatos electrónicos contienen elementos tóxicos como el bromo, cadmio, fósforo o mercurio, que si no se tratan adecuadamente pueden provocar grandes daños al medio ambiente y a la salud de las personas. "Gran parte de los residuos electrónicos terminan acumulándose como chatarra en vertederos donde no se tratan adecuadamente. Además, la mayoría de los aparatos electrónicos que se convierten en desechos podrían seguir utilizándose», señala el CEO de Back Market.
Según un informe de Naciones Unidas, casi la mitad de los países miembros de la Unión Europea no cumplen estrictamente con la regulación establecida por la Directiva WEEE, sobre reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y es que a día de hoy las sanciones que se aplican no son lo suficientemente elevadas como para disuadir las malas prácticas..
