La Ley de estructuras agrarias, la reforma promovida por el Consell con la que pretende frenar el abandono de explotaciones, frenar la pérdida de rentabilidad del campo valenciano y corregir su elevado grado de minifundismo, comienza su andadura. El Ejecutivo autonómico aprobó ayer la nueva disposición legal que plantea medidas de apoyo público como incentivos fiscales por la concentración y arrendamiento de parcelas y, entre otras novedades, pondrá en marcha un banco de público de tierras así como la figura de agentes profesionales para gestiona campos.
La iniciativa de la conselleria que dirige Elena Cebrián se produce tras dos décadas en las que se han abandonado unas 35.000 hectáreas de cítricos; la edad media de los profesionales del ámbito agrario se ha elevado de 48 a 64 años; la cifra de personas ocupadas en el sector ha caído en un 70 % y el tamaño medio de las explotaciones en áreas de regadío de la Comunitat Valenciana no supera la hectárea .
Entre los instrumentos legales que contempla la nueva ley figura la creación de una Xarxa de Terres, o red de oficinas gestoras de tierras, que será una herramienta destinada a movilizar las parcelas a favor de los agricultores profesionales y de iniciativas de gestión en común. También se pondrá en marcha la figura de la Iniciativa de Gestión Común (IGC), calificación a la que podrán acogerse todas las explotaciones asociativas o las agrupaciones de explotaciones que manifiesten su voluntad de ser consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha de un plan de gestión de cultivo en común.
Reestructuración parcelaria
La nueva norma plantea medidas de apoyo público a la reestructuración parcelaria con apoyo del Consell, se introducen incentivos fiscales a la compra y al arrendamiento de fincas rústicas que amplían los contemplados en la normativa estatal, con una atención prioritaria a la consolidación de explotaciones a favor de los agricultores profesionales y de las iniciativas de gestión en común.
