«No hay burbuja inmobiliaria sino demanda insatisfecha», señala el secretario general de la Confederación Nacional de Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, quien subraya las fortalezas y también exigencias de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. La inversión en obra pública, afirma, sigue siendo insuficiente.
¿Qué entraña la nueva ley de Contratos del Sector Público?
Supone un cambio total en la contratación pública que va exigir formación en las administraciones públicas y en la empresas. Elimina burocracia, aporta transparencia en las adjudicaciones y prioriza la calidad frente a la oferta económica. También da mayor flexibilidad en el acceso de las pymes e implica que todo el procedimiento será digital. El papel desaparece, lo que forzará a las empresas a digitalizarse.
La obra pública sigue lejos de las cifras previas a la crisis. ¿Es un error?
El sector se ha reconvertido desde 2007 sin ayudas públicas. Aunque ha habido un repunte en la inversión pública, se viene de muy abajo. El impulso a la obra pública aun no se ha hecho.
¿Cree necesaria la obra pública para enjugar el paro?
Sí, por el efecto arrastre que tiene el sector y porque además revierte al Estado 0,6 euros por cada euro de inversión pública. Aunque en obra privada no se precisa volver a las tasas de 2007, en obra pública, sí.
¿Reclaman la aprobación de los Presupuestos de 2018?
La carencia de presupuesto es mala. Genera inestabilidad y priva de la necesaria planificación.
¿Se está reanimando de forma suficiente la inversión privada?
Está resurgiendo y está cogiendo fuerza, sobre todo en vivienda, favorecida por el aumento de la financiación bancaria. El incremento de la edificación es más potente en las grandes ciudades y en las zonas de costa, en las que la segunda vivienda sigue teniendo mucho atractivo.
¿Se está gestando una nueva burbuja inmobiliaria en el mercado de alquiler?
En absoluto hay burbuja. Lo que hay es una demanda embalsada. Por otra parte, se había recomendado impulsar la vivienda de alquiler, y se está haciendo. Hay una demanda insatisfecha que no tuvo financiación. En construcción estamos en 40.000 a 50.000 viviendas anuales en España, cuando lo razonable serían de 100.000 a 125.000.
