Bancaja imitó en Hungría y Rumanía el modelo de inversión en el sector inmobiliario que desarrolló en México en torno a la firma Grand Coral. La práctica en estos países de Europa del Este causó otro agujero a sus cuentas de cerca de ochenta millones de euros, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Un juez de València investiga las responsabilidades penales del caso.
La caja de ahorros se alió para estos dos mercados con el empresario inmobiliario valenciano Vicente Cotino. Juntos operaban desde 2007 a través de la sociedad Share Capital cuyo objetivo era invertir en países de Europa del Este a través de sociedades dependientes ubicadas en Hungría y Rumanía. Constituirse como grupo les permitía crear filiales para la adquisición de suelos para destinarlos a la promoción inmobiliaria. Bancaja y su socio no estaban solos en este proyecto, ya que Cotino se alió en 2007 con el polémico empresario húngaro Janos Kovacs Bence (al que nombró consejero en Sedesa Eastern Europe SL) para acometer las inversiones en Europa del Este.
Las filiales del grupo adquirieron suelos para uso residencial, industrial y logístico con una superficie total de 218 hectáreas en Hungría junto a las principales autovías del país, así como 6 hectáreas en Rumanía. Los terrenos están en las ciudades húngaras de Savoly, Paty y Pecs, y en la localidad rumana de Odorhei. Todos los suelos se encuentran actualmente sin desarrollar (y en algunos casos sin recalificar) ya que las filiales no llegaron a iniciar los proyectos en los terrenos adquiridos.
Bankia instó en 2015 el concurso de acreedores de Share Capital para tratar de recuperar algo de la inversión. En el momento en el que se inició el concurso, Bankia Hábitat ostentaba el 43,02 % del capital social, Ágora Patrimonial el 19,04 %, Florazar el 8,55 % y Gestión Proyectos Arantia el 28,49 %.
Proyectos fallidos
La sociedad conjunta no sólo compro suelo agrícola. También adquirió, aunque en menor medida, activos inmobiliarios en desarrollo, que finalmente resultaron fallidos. Así, en la ciudad de Pecs, la sociedad compró una torre de 80 metros construida en la década de los ochenta que iba a ser dedicada a uso hotelero de oficinas. La adquisición se realizó con financiación de Bancaja por 7,2 millones de euros.
Sin embargo, el rascacielos, inactivo, se deterioró y el Ayuntamiento de Pecs acabó derribándolo por tres millones de euros, un importe que ahora reclama.
La firma también compró suelo para un circuito de moto GP valorado en cien millones de euros. El recinto deportivo nunca se construyó, ya que fue descartado por las autoridades húngaras. Share Capital pretendía hacer en Savoly un proyecto de viviendas turísticas junto a un suelo destinado al futuro desarrollo del circuito de moto GP. La compañía compró suelos agrícolas con hipotecas de Bancaja de más de veinte millones de euros.
Además, la compañía participada por Bancaja y Vicente Cotino adquirió por 24,2 millones de euros un millón de metros cuadrados de terrenos agrícolas con el objetivo incumplido de desarrollarlo como suelo comercial.
En la ciudad de Paty, Share Capital proyectaba un desarrollo para uso logístico para lo que compró con una hipoteca de 2,9 millones de euros 70.800 metros cuadrados. Por último, en Odorhei (Rumanía) pretendía edificar viviendas de primera residencia en seis hectáreas de terreno.
En definitiva, la empresa se hizó con suelo para uso residencial, comercial y logístico que una década después continúa teniendo la calificación de agrícola.
Créditos impagados
En los últimos seis años, Share Capital ha tenido escasa actividad y se ha limitado a atender los gastos relativos a la propiedad de los activos de las filiales. Toda la tesorería con la que ha contado la compañía procede de la aportación de los fondos y préstamos recibidos de Bancaja. Sin embargo, dado que no se han llegado a iniciar los proyectos urbanísticos a través de sus filiales, la firma no ha podido atender el pago de los préstamos.
Bankia instó a la liquidación de la compañía ante el deterioro de los activos, las dificultades de acceso a la financiación, el elevado endeudamiento y los problemas en la gestión societaria. El banco ha llegado a la conclusión de que la situación de insolvencia es irreversible. La firma mantiene una deuda con Bankia de 78.889.775 euros y debe a la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) 410.251 euros. El total del crédito en el concurso de acreedores, que tramita un juzgado de lo Mercantil de València, es de 80.655.644 euros.
La Fiscalía de València denunció en primavera de 2015 los hechos por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, y dirigió las pesquisas contra cuatro personas, entre las que está Vicente Cotino.
