Era un grupo perfectamente organizado y como tal actuaba logrando unos ingresos tan ilícitos como millonarios. Por una parte, los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. Por la otra, los entonces directores generales de Bancaja y el Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, quienes pusieron las entidades que dirigían al servicio de los primeros. Y al frente, los negocios que a través de la mercantil Grupo Grand Coral montaron en zonas turísticas de México (Cancún-Riviera Maya y Baja California-Los Cabos) para los que las dos entidades concedieron unos préstamos que acabaron en cuentas de los hoteleros abiertas en Andorra que los dos directivos, además, gestionaban.
A grosso modo éste es el relato de los hechos en el que se apoya la fiscal Anticorrupción Elena Lorente para reclamar doce años de prisión a cada uno los integrantes de este cuarteto por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales, además de multas de más de 88 millones.
Un escrito en el que acusa además a otras 44 personas, entre ellas José Luis Olivas, exjefe del Consell y expresidente del Bancaja y de su filial, el Banco de Valencia, para quien reclama 6 años de cárcel por permitir un quebranto económico cifrado en 750 millones. Para el resto de los acusados solicita penas que van de los dos a los doce años de cárcel. La acusación pública reclama además fianzas que suman casi 1.500 millones en concepto de responsabilidad civil.Desfalco
Para la fiscal ha quedado claro que los entonces directores generales de Bancaja y el Banco de Valencia «consintieron y favorecieron operaciones financieras, causantes de un auténtico desfalco a ambas entidades, a través de la cuales se lucraron Ferri y Baldó y los propios Izquierdo y Parra al compartir intereses personalísimos de índole económica a través de cuentas ocultas en Andorra con las que canalizaron parte de los ilícitos beneficios».
La representante de Anticorrupción sostiene que los exdirectivos «llegaron a un acuerdo» con los hoteleros por el que «los primeros trabajarían para los segundos tanto en la gestión de las cuentas de Ferri y Baldó en Andorra como en el absoluto favorecimiento de la obtención de préstamos de las dos entidades bancarias que ambas controlaban».
Un «favorecimiento» que implicó «de facto la obtención de plusvalías injustificables para los empresarios y para su socio Juan Poch (a quien se le reclama la misma pena y multa que a sus colegas por idénticos delitos) en absoluto detrimento de las entidades que ruinosas inversiones a fondo perdido.
