El caso Grand Coral ha dado un vuelco tres días después de la notificación de la apertura de juicio oral contra 48 acusados por el desfalco de 750 millones de euros de Bancaja y Banco de Valencia (BdV) en México. La sala de la Audiencia Nacional ha anulado la acusación contra dos miembros del consejo de Bancaja que se enfrentaban a sendas penas de dos años de prisión y ha abierto la puerta a la desimputación de otros veinte exconsejeros que aprobaron las operaciones de México bajo sospecha. Los magistrados consideran que los consejeros se limitaron a votar a favor de la propuesta de inversión en México analizada por los expertos y por tanto «su participación delictiva no se encuentra avalada por datos objetivos».
La sala ha estimado un recurso presentado antes de la apertura de juicio oral por el abogado Juan Antonio López García y ha desimputado a los exconsejeros de Bancaja Manuel Escámez y Vicente Montesinos. El abogado recurrió contra el auto que ponía fin a la instrucción y en el que quedaron imputados los vocales por no oponerse a las inversiones en México. El letrado alegó que no se tuvo en cuenta que «siendo consejeros no ejecutivos desconocían a las personas objeto de la investigación (los empresarios Ferri, Baldó y Poch) y que la regla general en todas las operaciones sometidas al consejo de administración era que los asuntos fueran examinados por los expertos de la entidad bancaria. En concreto, por el comité de riesgos que proponía y recomendaba la aprobación como constaba en las carpetas que se entregaban a cada consejero al principio de las reuniones».
El tribunal considera que tras años de instrucción no se ha probado que los consejeros no ejecutivos tuvieran «algún tipo de acuerdo con los principales investigados para descapitalizar la entidad». Los jueces creen, en base a las pruebas, que los vocales se limitaron a votar en el consejo de administración a favor de las propuestas presentadas tras ser defendidas por los miembros del comité de riesgo y expertos económicos. Por ello, la sala anula las imputaciones de los dos recurrentes al no estar avalada su participación delictiva por datos contrastados.
Fuentes cercanas al caso explicaron que el juez instructor solo los puede volver a procesar si demuestra que tenían más información. Las mismas fuentes precisaron que el resto de consejeros continúan imputados, pero quedarán fuera de la causa si han expuesto el mismo argumento en sus recursos. Esta vía de escape es más complicada para José Luis Olivas (expresidente de Bancaja, Banco de Valencia y la Generalitat) porque se presupone que por su cargo disponía de más información.
Los principales acusados en la causa son Olivas; los exdirectivos Aurelio Izquierdo y Domingo Parra; y los hoteleros Juan Vicente Ferri, José Baldó y Juan Poch. La Fiscalía solicita que Olivas sea condenado a seis años de cárcel y a una multa de 18.720 euros por un delito de apropiación indebida. El ex jefe del Consell ya tiene una condena de un año y medio por la falsificación junto a Vicente Cotino de una factura para un fraude fiscal y este mes será juzgado por la salida a bolsa de Bankia. El ministerio público pide para Aurelio Izquierdo (ex director general de la caja) y para Domingo Parra (ex consejero delegado de Banco de Valencia) sendas penas de 12 años de prisión y multas de 88 millones de euros por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales. Los hoteleros Ferri, Baldo y Poch también se enfrentan a sendas penas de 12 años y a multas de 88 millones.
Cooperadores necesarios
La veintena de exconsejeros de Bancaja que como Escámez y Montesinos pueden acabar desimputados se enfrentan a penas de dos años de prisión como supuestos cooperadores necesarios de un delito de apropiación indebida.
La Fiscalía aprecia indicios de delito en el plan de inversiones inmobiliarias en Baja California y la Rivera Maya que las dos entidades financiaron entre 2005 y 2009 con los promotores hoteleros Ferri, Baldó y Poch. Los empresarios presuntamente obtuvieron unos beneficios injustificados por comisiones y plusvalías de más de 160 millones de euros, parte de los cuales supuestamente fueron blanqueados en Andorra.
Los préstamos de Grand Coral carecían de racionalidad económica y estaban plagados de irregularidades, según el informe de los peritos nombrados por el Banco de España y «han supuesto un quebranto económico del 100 %» de los 750 millones que destinaron las dos entidades a las operaciones en México.
