Los fabricantes de automóviles no son el único sector económico que se va a ver afectado por el giro radical que el Gobierno de España pretende dar a la movilidad privada. Las estaciones de servicio son, por motivos obvios, otra de las actividades que va a tener que adaptar, de forma prácticamente inmediata, sus inversiones y la orientación del negocio.
El borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética sitúa 2040 como fecha límite para matricular automóviles con motor de combustión (diésel, gasolina, gasóleo, híbridos, de gas, etc.), y no podrán circular a partir de 2050.
La ley pone deberes a las gasolineras. Una de las pocas concreciones de la norma, cuya entrada en vigor se prevé aún lejana, afecta a este sector. Según el borrador de la ley, las estaciones que vendieron más de 10 millones de litros en 2017 tendrían que tener instalado y operativo en 19 meses desde la entrada en vigor un punto de recarga eléctrica con potencia igual o superior a 22 kilovatios. Para las que vendieron entre cinco y diez millones de litros, el plazo es algo más laxo, 27 meses. Al resto de estaciones de servicio no les afectaría esta obligación de instalar puntos de recarga eléctrico.
La falta de puntos de recarga es una de las causas a las que se asocia la escasa extensión del vehículo 100% eléctrico. En estos momentos, la C. Valenciana cuenta con solo cinco mil unidades; apenas el 0,04% del parque automovilístico usa esta tecnología.
Una primera aproximación habla de una inversión de 150.000 euros por cada punto de recarga, si son de carga rápida (20 minutos), a lo que habría que sumar los costes del término de potencia (un mínimo de 22 kw por punto se tiene que contratar, aunque nadie reposte) y los propios del consumo, transformadores, generadores y/o baterías de acumulación... Así, el grueso de las 1.195 estaciones de servicio de la autonomía tendría que asumir una inversión importante. Hasta ahora, la instalación de estas «electrolineras» avanza a ritmo lento, por iniciativa de ayuntamientos y grupos interesados, como las eléctricas Endesa e Iberdrola o petroleras como Cepsa en su red de gasolineras.
Inversión con fecha de caducidad
Desde la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes) no se esconde el malestar por el giro del Gobierno, que les ha pillado por sorpresa. «Somos conscientes de que el futuro pasa por una movilidad más sostenible, lo entendemos y lo apoyamos. Y nosotros seguiremos ofreciendo el servicio, pero necesitamos certidumbres. No se pueden acometer inversiones que ni siquiera se podrían amortizar», explica su presidente, Juan José Sánchez.
En el sector apuntan que este cambio coge a contrapié a un sector que está implementando alternativas al diésel y la gasolina, tales como el gas natural comprimido (GNC), el licuado (GNL) y el gas licuado del petróleo (GLP).
2050: solo coches 0 emisiones
«El anuncio llega justo cuando el sector estaba estudiando instalar alternativas, pero esta decisión de limitarlo a 2050 puede provocar el efecto contrario y que se retrasen dichas inversiones en GNC, GNL o GLP a la espera de certidumbres», añade. «Estamos hablando de inversiones millonarias y de instalaciones que, como máximo, tendrían 30 años de vida útil. Y después habría que desmantelarlas».
«Estamos como los consumidores, que no saben qué coche comprar. Las estaciones de servicio no pueden ofrecer todas esas alternativas (GNC, GLP, GNL), más aún, si se sabe que tienen una fecha de caducidad, además de mantener diésel y gasolina y sumarles electricidad e hidrógeno», añade el presidente de la patronal valenciana.
«La transición energética debe acometerse de forma ordenada y pactada. Se necesitan ayudas y hay que tener en cuenta el impacto sobre la economía y el empleo», concluye el portavoz del sector, que cuenta con unos 80.000 empleados en España, y unos 6.000 en la C. Valenciana.
