Francisco Zamora, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), anunció ayer que han decidido presentar un procedimiento contencioso administrativo contra el Consell por adjudicar «a dedo» el contrato de reforma del Tribunal Superior de Justicia a la empresa pública Tragsa. El presidente de la patronal considera que la decisión es «ilegal».

Como adelantó Levante-EMV, la adjudicación el pasado viernes por el pleno del Consell a la firma pública Tragsa del contrato para reformar la sede del TSJ por 25 millones de euros ha puesto en pie de guerra a los contratistas.

El responsable de Fevec declaró: «Estamos muy calentitos con este tema. No han dado oportunidad a que las empresas valencianas liciten». Zamora explicó que primero hubo una licitación pública del proyecto que quedó desierta y «ahora directamente le dan el proyecto y la ejecución de las obras a Tragsa por adjudicación directa y sin licitación pública».

Según señaló la Generalitat en un comunicado, la adjudicación a Tragsa obedece a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que exige la autorización del Consell para poder realizar encargos a los entes que se consideren medios propios de la Generalitat, como es el caso de Tragsa, cuando el valor del encargo supere los 12 millones de euros.

Tragsa es un grupo de empresas públicas integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que desempeña todo tipo de actuaciones y prestación de servicios en diversas comunidades autónomas para la mejora de los recursos públicos: realización de obras y tareas de apoyo técnico, mantenimiento, desarrollo e innovación de sistemas informáticos y realización de tareas para las que se les requiera por vía de emergencia.