El Gobierno tiene intención de sacar al mercado suelo público para fomentar la vivienda de alquiler social, según recoge el decreto de medidas urgentes aprobado el viernes y que entra hoy en vigor. El Ministerio de Fomento quiere incentivar la promoción de pisos en alquiler social o asequible mediante formulas de colaboración público-privadas. El Ejecutivo contempla la construcción de 20.000 viviendas en toda España a lo largo de los próximos seis años destinadas de forma indefinida al arrendamiento.
La nueva normativa, que ayer publicó el BOE, también reorienta el Plan Estatal de la Vivienda, que se va a dedicar «exclusivamente a apoyar el disfrute de vivienda en régimen de alquiler». El Gobierno también tiene intención de buscar acuerdos con las administraciones para agilizar las licencias urbanística (que en la ciudad de València están atascadas).
El Ejecutivo justifica el apoyo al alquiler protegido ante «la grave situación de vulnerabilidad económica y social de un gran número de familias y hogares». El real decreto ley recuerda en su preámbulo que más del 42 % de los hogares españoles destinaban en 2017 más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler, según datos de Eurostat. «Ello supone que España se sitúa 17 puntos porcentuales por encima del valor medio de la Unión Europea y, si no se adoptan las medidas oportunas, previsiblemente irá en aumento ya que el precio de los alquiler se ha incrementando en los últimos tres años más de un 15 % y en algunas zonas la subida duplica la registrada en el conjunto de España», subraya el decreto.
El Gobierno advierte de la escasez del parque de vivienda social ya que en España ofrece cobertura a menos del 2,5 % de los hogares, una cifra que contrasta con los porcentajes sensiblemente superiores al 15 % registrados en países como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca.
Plazo mínimo
El resto de medidas del real decreto fueron adelantadas el pasado viernes por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. La principal novedad es que los contratos de alquiler que se firmen a partir de hoy serán por un plazo mínimo de cinco años. El real decreto ley, que no incluye mecanismos para limitar los precios, aumenta con esta medida de tres a cinco años el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada. La nueva normativa también amplía el plazo de prórroga tácita de uno a tres años.
La regulación aprobada por el Gobierno reduce algunas cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler de vivienda habitual. El texto elimina la obligación de la Administración de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social y los ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública. Además, se da a los ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 % en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado. También establece la definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado que permite a los ayuntamientos imponer un recargo de hasta el 50 % del IBI (esta medida se ha hecho para proteger a los propietarios frente a los abusos de algunos consistorios).
