La sentencia del TSJ que beneficia los intereses de las empresas de ITV ha dejado al Botànic, y en particular a la Conselleria de Economía, en una situación complicada. Porque con la sentencia firme, la única alternativa que tienen en estos momentos sobre la mesa para evitar el daño al erario público (80 millones) es prorrogar la privatización del servicio, algo muy incómodo políticamente, sobre todo para Compromís.
En víspera electoral, y en pleno proceso de primarias en Compromís, el portavoz Fran Ferri se ha mostrado muy crítico con estas empresas. El sector de las ITV se ha visto salpicado por el caso por presuntas comisiones a dirigentes como el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, que impulsó la privatización hace más de dos décadas. Fran Ferri, de hecho, ha cargado contra el sistema de concesión de este servicio toda la legislatura, reclamando bajada de tarifas. Y hace unos días denunció que la reventa de uno de los lotes supuso un «pelotazo de 47,9 millones que beneficiaron a una hijastra y a un amigo de Rafael Blasco».
Las críticas del partido, en realidad, se convierten en presión para sus propios compañeros con responsabilidad en la gestión pública, que en este momento tienen poco margen de maniobra.
