Nuevo varapalo de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) al sector de la estiba. El organismo regulador ha decidido elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el acuerdo que patronal y sindicatos de la estiba alcanzaron hace dos años para adecuar su convenio a la reestructuración del sector aprobada por el Gobierno central, entonces controlado por Mariano Rajoy, para liberalizar esta actividad tal como exigió Bruselas. El pacto contemplaba subrogar los 7.000 puestos fijos de las empresas únicas que operan en de cada puerto (hay 1.600 en el recinto del Grao) a los nuevos Centros Portuarios de Empleo.

Competencia, no obstante, deja en suspenso el proceso sancionador que abrió sobre este acuerdo en noviembre de 2017, unos meses después de su firma y que contemplaba multas de 7 millones de euros a la patronal del sector Anesco y sindicatos de los estibadores. Según la CNMC, el acuerdo que la patronal de empresas estibadoras Anesco y los sindicatos con representación en el sector «incluye una serie de obligaciones comerciales entre operadores que van más allá del ámbito de la negociación colectiva y del Real Decreto con el que el Ejecutivo reformó el sector». En su opinión, «pueden suponer una restricción al derecho de separación y libre competencia» .

Régimen de monopolio

Competencia considera que el reglamento aprobado recientemente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para desarrollar de la reforma de la estiba otorga de nuevo a los agentes sociales la posibilidad de acordar subrogaciones obligatorias por parte de las empresas de la estiba de los estibadores de las antiguas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), firmas que tenían en monopolio del sector y que se extinguieron con su reforma.

El organismo regulador plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si este tipo de acuerdos, incluso en forma de convenios colectivos que suscribieron algunos puertos y empresas estibadoras, que incluyen la subrogación de trabajadores se ajusta al Tratado de Funcionamiento de la UE y el papel de esta comisión en el caso de que resulte que están prohibidos.