Las barreras del peaje de la actual autopista AP-7 estarán levantadas el 1 de enero del próximo año, una vez que el vial revierta al Estado. Eso está claro desde que el Gobierno anunciara hace dos años que esta infraestructura sería rescatada en esa fecha. La circulación por la futura autovía A7, por tanto, será gratuita. No obstante, los usuarios se encontrarán, con toda probabilidad, con la misma imagen que ofrece hoy la carretera. Es decir, con las infraestructuras del peaje aún en pie, pero vallas levantadas. Sin desmantelar, aunque inoperativas para el cobro, dado que la licitación para la conservación y mantenimiento del vial hace apenas una semana que salió publicado y no está previsto que la adjudicación se produzca hasta mitad de enero o febrero, según advertían ayer fuentes de UGT.
Ante esta circunstancia, la decisión que muy probablemente tome el Ministerio de Fomento es recurrir a un contrato de emergencia para cubrir los servicios de mantenimiento en el periodo que va entre el uno de enero y la fecha de adjudicación de la nueva contrata, ya que la reversión al Estado supone el fin de la concesión que tenía Aumar, filial del grupo Abertis. De hecho, la compañía ya está negociando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de contrato para 140 operarios del cobro de peaje de las autopistas AP-7 (Hospitalet del Infant a Alicante) y AP-4 ( Sevilla y Cádiz). En la provincia de Alicante, el ERE afectará a más de una treinta de trabajadores y el resto está previsto que sean subrogados por la futura concesionaria.
Recolocaciones
Mientras tanto, los sindicatos UGT y CC OO ya han puesto encima de la mesa de la negociación del ERE, entre otros aspectos, como posibles recolocaciones de los trabajadores despedidos en otras contratas de la empresa. En estos momentos, Aumar cuenta en Alicante con más de 60 operarios que trabajan en la AP-7 y sólo 35 son los que se verían afectados por las extinciones de contratos.
Por otra parte, en la última reunión de la mesa de negociación del ERE planteado por Aumar para 140 trabajadores de las autopistas AP-7 (Tarragona-Alicante) y AP-4 (Sevilla-Cádiz), la empresa planteó la recolocación de trabajadores en otras contratas del grupo, como pedían los sindicatos. Sin embargo, la oferta sólo es de diez reubicaciones.
