La guerra que desde hace más de un año mantienen en la Comunitat Valenciana la dirección nacional de la asociación de consumidores de banca Adicae, y un grupo de socios críticos de la agrupación en esta autonomía, terminó en los tribunales. Y, la justicia, al menos en primera instancia, acaban de conceder una primera victoria a la oposición interna.
Un juzgado de primera instancia de Torrent estima la demanda de una socia crítica con la dirección nacional de Adicae que fue expulsada por esta. Y condena a esta entidad, presidida por Manuel Pardos, a garantizar que sea mantenida en su condición de asociada de Adicae C. Valenciana.
Básicamente, el juzgado entiende que la junta directiva nacional de Adicae no está legitimada para imponer medidas disciplinarias sobre la organización en la C. Valenciana, que goza de un estatus de autonomía. «La competencia para la expulsión de los socios de Adicae CV corresponde a la asamblea general de socios de Adicae CV», concluye la sentencia.
Además, la juez señala que no ha quedado acreditado que la socia expulsada fuera la autora de las manifestaciones que se le atribuyen y que motivaron la infracción por la que la junta directiva nacional la expulsa, en un proceso entre el 29 de noviembre de 2018 y el 15 de enero de 2019. La dirección de Pardos la acusaba de dar respaldo público a falsas acusaciones, injurias, calumnias y manifestaciones denigratorias contra la asociación, entre ellas falta de transparencia en el uso de subvenciones públicas y en las cuentas de la asociación.
Según denuncian desde la corriente crítica, estas y otras expulsiones se han producido en el contexto de los procesos congresuales de renovación de direcciones, tanto en Adicae España como en ámbitos territoriales. En el caso valenciano, el verano de 2018 la dirección nacional relevó a toda la junta directiva de Adicae CV, además de expulsar a algunos dirigentes. Se les acusaba de «dividir» a un colectivo con unos 6.000 socios en la autonomía. Posteriormente, a escasos días del congreso estatal de enero de 2019, la entidad de Manuel Pardos también expulsó a varios dirigentes valencianos integrados en la candidatura alternativa Construyendo Futuro. Esta primera sentencia da argumentos a la corriente crítica, que ha recurrido varias decisiones internas y expulsiones.
Batalla por la gestión económica
Como telón de fondo de este conflicto (y de los desencuentros en otras partes de España) aparecía el control de las cuotas de los socios, que gestiona directamente la central estatal mientras que la anterior dirección valenciana, amparándose en los estatutos de 2004, exigía autonomía económica. De hecho, la batalla interna en la entidad se juega aún hoy en la modificación de los estatutos, que posteriormente la nueva directiva trató de modificar aunque no han sido reconocidos por la Generalitat.
