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Análisis

Partidarios y detractores de Valenciaport

Hoy acaba el plazo para presentar alegaciones a la ampliación y el Consell pide a la APV hacer correcciones "sostenibles"

Partidarios y detractores de Valenciaport

A favor: Patronales y empresas vinculadas al transporte marítimo de mercancías

La aceptación vía telemática y la ampliación del plazo de alegaciones, hasta hoy, al proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores del Puerto de València ha disparado en estos últimos días las observaciones -tanto en contra como favor- sobre la gran infraestructura que planifica la naviera MSC y que prevé construir una instalación de 137 hectáreas de superficie con capacidad para 5 millones de contenedores.

En vísperas de que concluya dicho proceso administrativo, el Conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Arcadi España, espera que la entidad presidida por Aurelio Martínez esté dispuesta a «cambiar» y «mejorar todo su proyecto» para conseguir una infraestructura «cada vez más sostenible y más integrada en la ciudad». Sin entrar en detalles, el conseller calificó ayer en un acto institucional como «oportunas» las consideraciones de la Conselleria de Agricultura.

El nivel de saturación de la actual terminal de MSC es del 97,8 %

En sus alegaciones a favor de la expansión portuaria, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), presidida por Salvador Navarro, argumenta que el nivel de saturación del 97,8% de la actual terminal de MSC requiere una nueva instalación. Y sostiene que la principal naviera del recinto del Grao, «si no puede trasladarse a la terminal norte abandonará sus actuales instalaciones, lo que supondría «pérdidas irreparables». Además, la CEV destaca el «salto tecnológico» de Valenciaport con la nueva terminal, que será semiautomatizada para ahorrar costes laborales y mejorar en eficiencia del recinto del Grao. Para el dirigente empresarial la inseguridad jurídica que puede crear este conflicto es «preocupante».

Propeller València destaca el impacto económico y la generación de empleo

La asociación de empresarios y directivos del sector de la logística Propeller València, que preside Pedro Coca, ha presentado una batería de alegaciones a favor de la nueva terminal y de su adjudicación a la multinacional TIL-MSC. Para ello, recuerda que según el último informe de impacto económico de Valenciaport elaborado por la Universidad Politécnica de València, el efecto de creación de empleo directo, indirecto e inducido supera los 38.800 puestos de trabajo (el 2,09 % del empleo total de la Comunitat Valenciana); supone 2.500 millones de euros en Valor Añadido Bruto (el 2,39 % de la autonomía); más de 1.243 millones de euros en salarios (el 2,62 % del total) y 181 millones de euros en ingresos fiscales.

Consignatarias, transitarias y transportistas apoyan el proceso

Consignatarias, transitarias y firmas de transportes como Roca Monzó y TransBase Soler, entre otras, así como la patronal Fvet y Ateia, respaldan la ampliación. El presidente de Ateia, Luis Rosa, califica de «inventadas» las quejas del consistorio valenciano sobre la posibilidad de dragar las playas del sur de la ciudad para posteriormente utilizar esos materiales en las obras de la nueva terminal.

En contra: Conselleria de Medio Ambiente, Ayuntamiento y colectivos sociales

La asociación Ciutat-Port agrupa a colectivos como Per L’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret i la Plataforma El Litoral Per al Poble y ayer presentó nuevas alegaciones -ya lo hizo hace dos meses- para exigir a la APV la suspensión cautelar del proceso para construir la cuarta terminal de contenedores del recinto del Grao. Sus portavoces denuncian la falta de «documentos esenciales» así como la posible «distorsión» de la libre concurrencia de empresas e impactos en la salud y medioambiente. Anteriormente, el Ayuntamiento de València y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica exigieron modificaciones en la infraestructuras y reclamaron que el proyecto requiere una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ya que la de 2007 «no sirve», en su opinión.

La conselleria pide otra evaluación al Gobierno central

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha pedido formalmente al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento), que continúa en manos del dirigente socialista valenciano José Luis Ábalos, que tramite una nueva evaluación ambiental. Esta conselleria destaca las afectaciones que puede haber a las playas de València y al Parque Natural de l’Albufera.

Siete informes técnicos del alcalde Joan Ribó

En parecidos términos, el alcalde de la capital del Túria, Joan Ribó, quien también aboga por paralizar la ampliación hasta tener una nueva DIA, apoya sus alegaciones en siete informes de la secretaría de Urbanismo (con un informe de la Universitat Politècnica de València) y los servicios de Playas, Movilidad, Devesa-Albufera, Parques y jardines, y Emergencia Climática y Transición Energética. Calcula que podrían atravesar la zona hasta 400 camiones por hora y que los efectos de dragado podrían causar daños graves sobre el entorno natural, además de un cambio paisajístico en las playas.

Ciutat Port exige paralizar la adjudicación a MSC por los cambios

Ciutat-Port advierte sobre el aumento de los dragados necesarios para que pasen buques de gran calibre, que ascienden a 21.392.820 metros cúbicos. Eso supone 14 veces más que en el proyecto de 2006, que contemplaba 1.500.000 m. A esto se suma el canal de acceso que tampoco se recogía antes. Destaca que la demolición de un contradique, de 1.036 metros de longitud, así como el cambio de configuración de muelles y explanadas no estaban en el proyecto inicial. Y denuncia «irregularidades» en el proceso de licitación tanto en la «ausencia de documentación esencial» como por un «posible efecto distorsionador» de la libre competencia entre el concurso de empresas. La entidad Ciutat-Port indica que el impacto de las ampliaciones portuarias de las últimas décadas han sido muy negativas para los poblados marítimo. Es el caso de la terminal pública de contenedores del sur del puerto, de 1986, sin evaluación ambiental, que provocó la desaparición de playa en Nazaret y La Punta, así como el desvío del cauce del río Túria, en 2004.

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