Los trabajos para preparar el desmantelamiento de la central de Cofrentes comenzarán en 2027, según el plan de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos presentado al Gobierno. Las labores de desmantelamiento se intensificarán tres años después del apagón definitivo de la planta nuclear valenciana en noviembre de 2030 y, en principio, durarán 16 años (entre 2027 y 2043). La central nuclear de Cofrentes (propiedad al 100 % de Iberdrola) entró en operación en marzo de 1985 y tendrá que pedir un prórroga para seguir operando a partir de 2025.
Todas las centrales nucleares españolas han emprendido un camino hacia su cierre total en 2035. El Estado constituyó hace 30 años la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa), que es la encargada del desmantelamiento de las plantas. En torno al 20 % de la generación eléctrica nacional proviene de siete reactores nucleares que permanecen en activo y que están a punto de cumplir su vida útil. Las siete plantas en activo son Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Trilló y Cofrentes. Vandellós I cerró en 1989 y Enresa terminará de desmantelar Zorita (la primera central española) en 2020.
El plan de Enresa incluye la hoja de ruta para desmantelar las siete centrales en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030. El Pniec asume el calendario para el cierre ordenado de las centrales nucleares que suscribieron el año pasado Enresa y los propietarios de las centrales nucleares.
De acuerdo con el plan, las labores de preparación para el desmantelamiento de cada planta nuclear comenzarán al menos tres años antes de la fecha del cese y se espera que el desmontaje comience tres años después.
El proceso es complejo. Durante los tres años posteriores a la parada total del reactor de Cofrentes, Iberdrola deberá realizar las tareas de predesmantelamiento (incluyendo la gestión del combustible gastado y el acondicionamiento de los residuos de operación) y tendrá que completar la documentación reglamentaria necesaria para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y para el traspaso de la titularidad de la central a Enresa. Una vez traspasada la titularidad, Enresa desmantelará la planta en un proceso que se prolongará diez años.
Faltan fondos y personal
El interrogante que todavía carece de respuesta es cómo se va a pagar todo este proceso. España, según un informe de PwC, no tiene capacidad para ejecutar de forma simultánea varios desmantelamientos porque no hay ni suficiente personal especializado ni recursos.
El Tribunal de Cuentas también ha advertido de que no hay suficiente dinero para poder cubrir los gastos de gestión del desmontaje de la central nuclear de Cofrentes. El órgano fiscalizador del gasto público sostiene que Enresa tiene un déficit de 2.350 millones de euros para acometer el cierre de la planta valenciana y de los otros seis reactores españoles. El ente ha reclamado revisar las tasas que gravan la factura de la luz y las centrales nucleares para financiar su desmantelamiento.
