El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no deja de dar disgustos al sector financiero español. Si hace apenas unos días ponía en entredicho los acuerdos que algunas entidades firmaron con sus clientes para retirarles las cláusulas suelo a cambio de que renunciaran a emprender acciones legales, ayer el organismo con sede en Luxemburgo sentenció que los bancos deben devolver a los usuarios la totalidad de los gastos de constitución de la hipoteca -que las entidades cargaban en exclusiva a los prestatarios, hasta que el Gobierno lo reguló en enero del año pasado-, cuando se declare abusiva la cláusula que los regula y siempre que no haya una normativa nacional que establezca otra cosa. De esta forma, Europa vuelve a enmendar la plana al Tribunal Supremo español, que señaló que los gastos debían repartirse a medias entre la entidad y el cliente, es decir, que la banca solo debía devolver la mitad de lo cobrado.

Por sí sola, esta decisión ya augura un aumento de las demandas en los próximos meses, ya que las cantidades a reclamar pasan de una media de 500 ó 600 euros a 1.000 ó 1.200, más los intereses de los años transcurridos desde que se firmó el préstamo, que pueden suponer otro buen pellizco, de acuerdo con los cálculos que ayer realizaba la presidenta de Asufin, Patricia Suárez. Pero la sentencia va más allá y también establece que son los bancos los que deben cargar con las costas judiciales, aunque sólo se estime parcialmente la nulidad de la cláusula denunciada. Una decisión destinada a proteger los derechos de los consumidores, ya que evita que haya usuarios que desistan de su intención de demandar por los posibles costes, pero que, en opinión de Suárez, también «animará» a entrar en la batalla a muchos bufetes que hasta ahora se resistían por el escaso margen que podían obtener. Por lo general, la mayoría de los despachos se conformaban con cobrar un porcentaje de entre el 10% y 30% de lo recuperado, cuando los honorarios oficiales por un caso así pueden ser de miles de euros.

Por si las reclamaciones de gastos no fueran suficientes, la UE también abre la puerta a que los clientes puedan denunciar por abusivas las comisiones de apertura de los préstamos algo que había rechazado el Supremo al considerar que esta comisión formaba parte del precio del crédito y, por tanto, no podía ser sometido a este control. «El impacto puede ser mucho mayor, porque esta comisión supone una cantidad importante y afecta a consumidores y no consumidores», apunta Pedro Pérez, de Pérez Cortés Abogados.