El parón por vacaciones dejó en el pleno del Consell una mina por estallar y allí continúa, tras varias semanas de inactividad. La Conselleria de Economía tiene intención de volver a plantear en la reunión de esta semana la aprobación, todavía pendiente, del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio (Patsecova), un documento destinado a ordenar el despliegue de los futuros establecimientos comerciales según criterios territoriales y ambientales. Entre sus puntos más conflictivos, los reparos a permitir la aprobación de grandes proyectos de más de 120.000 metros cuadrados de superficie comercial, lo que chocaba con iniciativas como Puerto Mediterráneo.
La cuestión es que lo que parecía cerrado tras casi una década de tramitaciones, sobre todo tras el último lustro de empuje del Botànic, ha quedado atascado en el último metro antes de la meta. Y bajo la forma de un conflicto entre los dos principales socios del Consell.
La Conselleria de Economia, dirigida por Rafa Climent, de Compromís, ha visto cómo durante cinco semanas seguidas diferentes consellerias controladas por el PSPV (Presidencia, Hacienda y también la de Territorio) han impedido por «falta de acuerdo» que el Patsecova pasara el trámite de la reunión de altos cargos de los jueves, que es la que fija el orden del días de asuntos que Ximo Puig y el resto de consellers aprueban los viernes.
¿A qué se debe el frenazo de última hora en el consellet? Básicamente, apuntan diversas fuentes, a la firme oposición de la entidad que defiende los intereses de Mercadona, Consum, masymas y otras cadenas de supermercados.
En concreto, esta asociación, Asucova, ha alegado y se manifiesta radicalmente en contra de que en el articulado del texto se sitúe dentro de los proyectos de «impacto territorial» a establecimientos a partir de 1.000 metros de superficie en determinadas circunstancias, lo que les obligaría a tener que conseguir una autorización extra de la Generalitat.
Aunque como regla general se consideran de impacto territorial los proyectos de más de 2.500 metros, el umbral se baja a los mil cuando se ubiquen en «localizaciones sensibles». ¿Y cuáles son estas? Se dan diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando un nuevo supermercado se proyecta en un polígono separado del entorno urbano necesitaría a partir de ahora licencia autonómica. O cuando se pretenda ubicar fuera de la trama urbana consolidada.
Ante esta falta de acuerdo con los supermercados (otras patronales como Confecomerç o la propia Cámara de Comercio instan a aprobarlo ya), el ala socialista del Consell apostó por frenar la aprobación con la expectativa de que se alcance un consenso total, aunque, de momento, nada indica que el escenario vaya a cambiar. Además, un informe del Comité Económico y Social recomendaba frenar la aprobación para aprobar el texto a la nueva crisis por la covid-19.
Diferentes fuentes confirman que, pasado el verano, ni los supermercados se han movido de su posición ni la Conselleria de Economía tiene intención de cambiar ni una coma del texto. El asunto, en realidad, amenaza con enquistarse en una batalla entre PSPV y Compromís.
Seguimiento del Botànic
Economía se ampara en que el acuerdo de gobierno para la segunda legislatura del Botànic incorporaba el compromiso de dar salida al proyecto «a partir del texto tramitado y pendiente de aprobación por el pleno del Consell». Insisten también en que el impacto sería mínimo para las empresas de distribución alimentaria.
El bloqueo fue abordado en la reunión de seguimiento del Botànic de hace unas semanas, pero sin llegar a ninguna conclusión.
