Las demandas contra los abusos bancarios han caído un 31 % en Valencia en los diez primeros meses del año, según datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana. Los abogados especializados atribuyen el desplome al cierre durante dos meses y medio del juzgado especializado de la provincia por el confinamiento de primavera y al miedo de algunos afectados a ir a los bufetes por la pandemia. A pesar de la bajada de demandas, el juzgado de València soporta una gran carga de trabajo por los casos que arrastra desde que abrió en junio de 2017 y está señalando los juicios a quince meses vista. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer prorrogar el refuerzo que tiene asignado para hacer frente a la sobrecarga.
El juzgado de Primera Instancia número 25 bis de València es el órgano judicial encargado de tramitar las demandas de abusos bancarios de la provincia. El año pasado registró entre el 1 de enero y el 31 de octubre 4.671 demandas y este año recibió en el mismo periodo 3.181.
Jaime Navarro, abogado especializado en demandas contra las estafas bancarias, incidió en que la caída de la litigiosidad está vinculada a la pandemia del coronavirus. «Desde el 15 de marzo hasta finales de mayo no se pudieron presentar demandas. Además, hay muchos clientes que no salen de casa por temor a contagiarse», advirtió Navarro. El abogado explicó que todavía quedan muchos casos pendientes. «Ahora estamos con afectados de Valores Santander, que es conveniente que reclamen antes del 28 de diciembre. Es un producto vendido en 2007 y que cinco años después provocó pérdidas del 60 %. Los clientes pensaban que era una especie de plazo fijo al 7 % de interés y acabaron perdiendo dinero porque eran unos valores convertibles en acciones», explicó Jaime Navarro. El letrado añadió que en los próximos meses continuarán presentándose reclamaciones por las hipotecas referenciadas al IRPH, un tipo que en la práctica es similar al Euríbor pero que ha resultado mucho más costoso para aquellos que tienen sus préstamos ligados a él. El Supremo considera que el IRPH no es abusivo, pero sí ha observado falta de transparencia en su comercialización.
El juzgado especializado está consiguiendo levantar cabeza tras el colapso que sufrió tras su creación en junio de 2017. El órgano judicial recibió 7.000 demandas en 2018, 5.000 casos en 2019 y tiene previsto acabar el año con 3.500. El juzgado tiene una plantilla de quince funcionarios y cuatro jueces.
Este tipo de órganos judiciales especializados en abusos bancarios resuelve demandas sobre cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses de demora, gastos de formalización de la hipoteca e hipotecas multidivisas. Hasta el año pasado, la cifra de asuntos pendientes crecía año a año. Esta inercia se rompió a mediados de 2019 gracias a los refuerzos y a la bajada de las demandas de cláusulas suelo. El juzgado lleva ahora el registro al día, aunque los juicios se están señalando para 2022.
Los procedimientos se están resolviendo de dos maneras. La vía rápida es un acuerdo entre las partes al que se llega en una audiencia previa que se celebra por videoconferencia. La segunda vía es con un juicio tradicional, que requiere la presencia de las partes en la sala de vistas. Entre el 60 % y el 70 % de los procedimientos se están resolviendo con la audiencia previa. Los cuatro jueces están dictando 300 sentencias al mes.
En juego 57 millones de euros en costas
Las entidades financieras se enfrentan al pago de 57 millones de euros solo por las costas judiciales de los pleitos hipotecarios interpuestos desde 2017 en las tres provincias. La cifra podría dispararse hasta los 86 millones de euros si los bancos recurren a la Audiencia Provincial. Los jueces están fallando mayoritariamente a favor de los hipotecados al entender que se han vulnerado sus derechos como consumidores. Desde la puesta en marcha de los juzgados de abusos bancarios, los magistrados han resuelto en el 97 % de los casos a favor de los usuarios, según el Poder Judicial.
