La pandemia ha eclipsado durante muchos meses el brexit, el que hubiera sido el tema del año de no ser por la irrupción del coronavirus. Sin embargo, la amenaza de un divorcio sin acuerdo primero y el caos desatado en la frontera británica en los últimos días de 2020 después por el temor a la expansión de la cepa británica de covid hicieron saltar las alarmas y elevar la tensión en torno a un asunto capital para la economía comunitaria y que había permanecido en segundo plano por la crisis sanitaria.
Ahora, más de 15 días después de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea se hiciera efectiva, las empresas y transportistas valencianos relatan que la situación ha vuelto a una relativa normalidad tras el caos inicial, si bien destacan que los trámites burocráticos —que aumentarán progresivamente durante los próximos meses— obligan a que cada vehículo que conecta con las islas británicas esté disponible durante un día extra para cumplir con el papeleo requerido.
Hasta ahora, las compañías logísticas que operan con Reino Unido necesitaban disponer de cada camión durante tres días, el tiempo requerido para que, saliendo de la Comunitat Valenciana, pueda llegar a Francia, recorrerla hasta alcanzar el Eurotúnel y cruzar el Canal de la Mancha. Pero, con la entrada en vigor del brexit, la burocracia se ha multiplicado y ha obligado al transporte a recalcular sus tiempos para seguir cumpliendo plazos.
Pese a que las organizaciones empresariales han multiplicado sus comunicaciones informativas sobre la documentación requerida en cada caso, los trámites aduaneros son los que fuerzan a las logísticas a optar por la prudencia y adelantar un día su salida. Según la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET), la burocracia no consume esas 24 horas de más, pero obliga a ser previsores. «Cuando llegas al recinto aduanero, ni el importador ni el exportador sabe el grado de revisión al que será sometido el camión y la mercancía», relata su secretario general, Carlos García, a este diario.
Ese incierto proceso de control de los productos que cruzan la frontera tiene lugar tanto a la salida como a la llegada al país de destino. Por eso, se ha ampliado a cuatro días el tiempo de disponibilidad de cada camión que parte rumbo a Reino Unido. Una modificación que, advierte García, tendrá repercusiones en el precio del servicio que prestan. «Hay que asumir que este hecho eleva los costes, ya que las empresas de transporte pierden capacidad de viajes con la misma flota al tener que invertir una jornada extra».
Se da la circunstancia de que todos estos trámites, que ya están generando distorsiones, van a ir en aumento durante los próximos seis meses, ya que el período transitorio pactado entre Londres y Bruselas contempla que durante ese plazo ambas partes no se traten como países terceros y mantengan cierta relación especial. Así, se irán incorporando trámites a medida que el proceso se vaya engrasando para evitar en parte situaciones de colapso y dar tiempo a las empresas afectadas a adaptarse a la nueva coyuntura, según estipulan las más de 1.500 páginas del acuerdo final.
Moratoria «para evitar el caos»
Entre ellos, las inspecciones sanitarias, que no se producirán hasta abril por esta moratoria, decretada «para evitar el caos», según interpreta Vicente Mompó, responsable de los programas europeos y de cooperación internacional de la Cámara de Comercio de Valencia. «Se ha optado por hacerlo fácil dada la coyuntura», añade en referencia a la tormenta perfecta generada hace un par de semanas al coincidir la «novedad» del brexit con la pandemia, el hallazgo de la nueva cepa británica y el temporal de nieve.
Asimismo, remarca que pese a que no se están registrando problemas logísticos de calado en los puntos calientes porque «las empresas han llegado con los deberes hechos», se ha detectado una serie de documentos que está requiriendo la policía francesa al regreso de los transportistas desde Reino Unido que sí han generado algunos desbarajustes. Por eso, avanza que la Cámara ya trabaja en una circular aclaratoria sobre el asunto a petición de las aduanas galas. Mompó coincide con García en el análisis de las implicaciones de este aumento de la burocracia: «No habrá aranceles, pero sí más burocracia y, en consecuencia, más costes», apunta.
