La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró ayer que por encima de cualquier decisión sobre la prórroga solicitada por la central nuclear de Cofrentes para seguir explotando las instalaciones hasta 2030 estará la seguridad del funcionamiento, del desmantelamiento y del suministro y «sobre esas premisas, en caso de afrontar la petición de los titulares en términos positivos, se produciría una autorización con fecha de cierre en 2030». El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha certificado que Cofrentes puede seguir funcionando hasta 2030. La planta produce el 48 % de la energía eléctrica que consume la Comunitat Valenciana y todavía no hay una alternativa «limpia» para sustituir la potencia que genera.
La ministra añadió que el Gobierno está estudiando el expediente para tomar una decisión definitiva sobre la prórroga. El Ejecutivo pactó hace dos años con Iberdrola el apagón de la central de Cofrentes en noviembre de 2030 dentro del programa de cierre controlado de las plantas nucleares españolas.
«En un ejercicio que nos parecía muy importante en términos de responsabilidad a la hora de entender cuál era la vida real con la que íbamos a trabajar en el conjunto del parque nuclear en España, no solo en términos de planificación del sistema eléctrico, sino también de funcionamiento y desmantelamiento seguro, aparecía en el acuerdo entre los titulares de las distintas centrales y quien debe acometer el desmantelamiento, y subrayaba que no podía trabajar en más de una y media-dos centrales a la vez, e indicaban que para Cofrentes la fecha más razonable era 2030», destacó Ribera.
