Un centenar de agentes de la Policía Nacional se personó ayer en las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña, así como en oficinas de Madrid, Málaga y Castelló para realizar varios registros por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías alumineras, según informaron fuentes sindicales y policiales.
La Dirección General del cuerpo comunicó que en el marco de la operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados. La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, «persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones».
El registro estaría relacionado con la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras dieciocho personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en la venta de las plantas de la compañía en Avilés y A Coruña que podrían ser constitutivas de alzamiento de bienes y estafa, y que el pasado mes de diciembre fue admitida por la Audiencia Nacional. En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña.
