El borrador de decreto ley sobre las ferias, más allá de su naturaleza jurídica, no incluye grandes cambios respecto a la situación actual. Por ejemplo, en los órganos de gobierno son muy similares. El patronato tendrá entre 30 y 60 vocales, esta última cifra como el pleno de las cámaras. En la actualidad, el de Feria València roza los 40, en su mayoría empresarios. Las administraciones públicas no podrán superar un tercio de los miembros del patronato. También designarán representantes las cámaras y los colegios profesionales, aunque el texto no indica ni su número ni la forma en que los elegirán, al igual que sucede con las organizaciones empresariales territoriales y sectoriales. Al menos un tercio de los vocales serán representantes de las empresas expositoras.
El comité ejecutivo estará integrado por hasta 15 miembros, incluidos los vocales natos, y serán elegidos por el patronato, que también tomará la última decisión sobre el presidente del comité. Por su parte, a la plantilla de Feria València se le aplicará la legislación del personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Natxo Costa explicó ayer que la conversión de Feria Valencia en una corporación de derecho público, como proyecta su departamento, tendrá un impacto «cero» sobre los trabajadores de la institución, aunque admitió que «otra cosa es que a partir de ahora, por la covid, haya que tomar alguna acción».
El decreto establece que Feria València se financiará fundamentalmente con los ingresos que obtenga por los servicios que presta, el rendimiento de su patrimonio, las aportaciones voluntarias de empresas y los recursos que pueda destinarle la administración
Costa aseguró que las cámaras y las ferias colaborarán en planes de internacionalización y precisó que el decreto «gustará» a los operadores privados del sector que estén interesados en participar en el negocio de Feria València en el futuro. Según explicó podrán intervenir en el mismo junto a la futura corporación mediante convenios, contratos o a través de la creación de empresas.
«Hemos encontrado la fórmula de la Coca-Cola», aseguró ayer, satisfecho, el subsecretario de la conselleria de Economía, Natxo Cosa, durante la presentación a los medios de comunicación del borrador de proyecto de decreto ley que diseña el futuro de las dos entidades feriales de la autonomía, la de València y la alicantina IFA. Ambas se convertirán en corporaciones de derecho público, tal como adelantó este diario el pasado viernes. En suma, tendrán una naturaleza jurídica similar a las cámaras de comercio. Costa explicó que la Generalitat ejercerá sobre ellas una tutela, pero no se regirán por la ley de contratación pública, lo que les da agilidad y flexibilidad para realizar su labor, aunque como las cámaras sí incorporarán en su gestión «mecanismos» de dicha legislación. Dicho de otra forma, gestión privada y control público.
El subsecretario de Economía admitió que el gran cambio que se producirá con el decreto es que «por primera vez estará clara la naturaleza jurídica» de Feria València. El problema de su diseño, no obstante, es que no resuelve el principal problema de la entidad -su abultada deuda de casi 500 millones- y sin esa clave de bóveda todo el edificio se puede venir abajo.
Dicha deuda figura en una cuenta acreedora a favor de la Generalitat y si no se cancela antes del 31 de marzo, Feria València se situaría en causa de disolución. La conselleria de Hacienda considera que para alcanzar ese hito es preciso que la entidad pase al sector público una vez que el ayuntamiento de València ha hecho una cesión en favor de la Administración autonómica del recinto donde desarrolla su actividad la Feria. Costa confirmó ayer tarde a este diario que su propuesta no soluciona este problema esencial, pero cree que «no tiene por qué pasar la empresa, pasando el recinto, se puede dar por cancelada la deuda» y poner en marcha a continuación su nuevo modelo ferial.
¿Y Hacienda qué dice? Pues ayer optó por el silencio. El pasado viernes, tras publicar la propuesta este diario, el conseller de Economía, Rafa Climent,de Compromís, mantuvo una conversación con su homólogo de Hacienda, el socialista Vicent Soler, según explicó ayer Costa, quien reveló que, antes de su encuentro con los medios, se había reunido con la secretaria autonómica de Modelo Económico, María José Mira, a la que entregó el borrador de decreto. Según confesó, Hacienda ha acogido la iniciativa «con sorpresa y dudas», que no empezará a despejar hasta que haya estudiado el documento. «Se han quedado un poco fuera de juego», dijo.
Tras el encuentro con la prensa, Costa mantuvo otra reunión presencial y telemática con los empresarios y dirigentes patronales y sectoriales para exponerles el decreto. En principio, la propuesta fue acogida con satisfacción, sobre todo si se tiene en cuenta que este colectivo tendrá la mayoría en los órganos de gobierno. No obstante, fuentes empresariales consultadas por este diario con posterioridad expresaron también sus dudas por que la iniciativa no suponga una solución para la deuda.
Costa, que está abierto a aportaciones ajenas, explicó que el decreto-ley entraría en vigor de manera inmediata y, en el plazo máximo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, el parlamento valenciano tendría tres opciones: primera, convalidarlo; segunda, rechazarlo (en este último caso solo habría estado en vigor un mes); y tercera aceptarlo como proyecto de ley y tramitarlo para su debate y modificaciones oportunas en la cámara y así acabar convirtiéndose en ley.
