Algo más de 300 tractores de los arroceros valencianos, convocados por la Unió de Llauradors y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), protestaron ayer por las calles de València para reclamar a las distintas administraciones un paquete de medidas de apoyo y estabilidad necesarias para garantizar su viabilidad ya que las ayudas directas a las explotaciones arroceras de la Comunitat Valenciana podrían descender a unos niveles que, en la mayoría de casos, no permitirían la supervivencia del cultivo. Un estudio elaborado por ambas organizaciones cuantifica que la propuesta del Gobierno español de la futura PAC 2023-2027 arrojaría unas pérdidas superiores a los 35 millones a los arroceros valencianos.
El secretario general de la Unió, Carles Peris, afirmó que «la actual convergencia y la nueva PAC que pretende imponernos el Ministerio de Agricultura pueden hacer desaparecer parte del cultivo del arroz en la Comunitat Valenciana, pero no vamos a dar nuestro brazo a torcer y vamos a llegar hasta dónde haga falta para que se reconsidere esta postura. Con menos ayudas y cada vez más papeles, más burocracia, todo es más complicado. No se dan cuenta que si quieren unos Parques Naturales como l’Albufera o la Marjal Pego-Oliva en buen estado si no hay arroz, si no hay arroceros, no hay futuro para estos».
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, aseguró que «hoy estamos frente a la casa del Gobierno central porque peligra el futuro del sector arrocero valenciano. Los planes de Madrid -destacó Aguado- amenazan con recortar hasta un 50% las ayudas de la PAC al arroz, lo que haría inviable e insostenible el cultivo».
En ese sentido, la organización agraria exige que no se quite ni un euro de ayudas que hoy por hoy son imprescindibles. «Exigimos que no se firme ni un acuerdo que fomenta competencia desleal y exigimos poner fin a tantas limitaciones ambientales. Somos la garantía de parques naturales como l’Albufera y el Marjal Pego-Oliva: sin arroz serían un cañar lleno de mosquitos», agregó.
Los agricultores pitaron como aviso de que la Administración debe defenderlos, porque si no lo hace la próxima movilización será de forma «menos pacífica», según Aguado.
