Jarro de agua fría de la Abogacía de la Generalitat a la propuesta de futuro de la Conselleria de Economía para las instituciones feriales valencianas. El departamento jurídico de la Administración autonómica, en su informe sobre el proyecto de decreto-ley sobre estas entidades, se ha alineado con la Conselleria de Hacienda y ha tumbado los ejes esenciales de dicho texto, según el documento al que ha tenido acceso este diario. La clave del asunto es que corrobora, como defendían desde Hacienda los socialistas de Vicent Soler, que la idea de convertir a Feria València en corporación de derecho público como las cámaras de comercio no sirve para solucionar la gran losa que la atenaza -la cuenta acreedora en favor de la Generalitat por importe de 474 millones- y que la vía para cancelar esta última pasa por que la institución entre a formar parte del sector público instrumental.
El informe recuerda que desde Hacienda «se ha señalado que, a los efectos de resolver los problemas actuales de Feria València y[la alicantina] IFA, y de garantizar su viabilidad financiera futura, debe tenerse encuenta que la solución propuesta supondrá que las instituciones feriales, en cuanto corporaciones de derecho público, tienen naturaleza jurídico-privada, no forman parte del sector público valenciano y, frente a la Generalitat, serán un tercero de carácter privado». En consecuencia, la Administración autonómica no podrá utilizar fórmulas como las del contrato-programa, ni cederle ni adscribirle sin más las instalaciones feriales que son de su pertenencia y su financiación estará limitada por el derecho de la competencia y los límites derivados de las ayudas de Estado. «En definitiva, no siendo las instituciones feriales parte del sector público, los mecanismos para colaborar en su viabilidad financiera no podrán ser los que la ley prevé para las administraciones públicas».
En el largo proceso para solventar el futuro de Feria València, la Generalitat se ha subrogado su voluminosa deuda pero ha tenido que dejar abierta una cuenta acreedora que, si no se cancela, obliga a la disolución de la entidad. Hacienda, que se quedó con la deuda a cambio de que el Ayuntamiento de València le cediera mediante mutación demanial los terrenos e inmuebles donde desarrolla su actividad la institución, entiende que la única fórmula para dar por resuelta la citada cuenta es que la Feria pase a formar parte del sector público, una opción que el proyecto de Economía, dirigido por Compromís, no solucionaba, como admitió esta última conselleria.
La Abogacía da la razón a Hacienda, pero dice más cosas negativas para Economía. Concluye que la Generalitat no es «competente» para «constituir y regular la organización y funcionamiento de una corporación de derecho público al margen del derecho estatal» y que, en cualquier caso, esa regulación «está vedada al instrumento jurídico del decreto-ley». También rebate la «extraordinaria y urgente necesidad» que justificaba Economía para utilizar dicho decreto e indica que, si va adelante, debe seguir el trámite parlamentario ordinario, dado que la actividad ferial continúa.
Exige, en su caso, indentificar las funciones públicas «que realmente justifiquen la transformación» de la naturaleza jurídica de la entidad en corporación de derecho público, «sin incurrir en duplicidad» con las funciones que ejercen las cámaras, y pide eliminar aquellos aspectos que la identifican con una parte del sector público «cuando en realidad se trata de una entidad asociativa de base privada». Por último, plantea, como «posible solución» alternativa, la figura del «consorcio administrativo, que formaría parte del sector público, con participación tanto de las AA PP como del sector privado, y manteniendo su actividad mercantil». El dictamen no es vinculante y ahora Economia deberá valorar qué hace.
