Conforme se acercan las elecciones autonómicas de la próxima primavera, se acrecientan las discrepancias entre los principales socios del Botànic, es decir PSPV y Compromís. El último foco de fricción se encuentra en la ley de comercio sostenible. Debía haber llegado para su aprobación ayer al pleno del Consell, pero la parte socialista (la secretaria autonómica Empar Martínez Bonafé) en la Conselleria de Economía, controlada por Compromís, frenó la iniciativa el jueves al pedir su no inclusión en la reunión de subsecretarios que debía dar curso al texto legal. Quiere tiempo, según las fuentes consultadas, para buscar el consenso con la patronal.
El motivo de disputa son las denominadas áreas de promoción económica urbana (Apeu) incluidas en la ley. Se trata de una figura que, entre otras cuestiones, regula la gestión de los centros comerciales en las ciudades y pueblos. Fuentes de Economía explican que la futura legislación prevé que todos los comercios de cada una de esas áreas deberán aportar dinero para las campañas colectivas que se realicen en beneficio de los establecimientos de cada zona. El propósito es "evitar que se aprovechen de las acciones promovidas por asociaciones comerciales aquellos empresarios que van por libre".
Mercadona
Desde Compromís señalan directamente a la asociación de supermercados Asucova, de la que forman parte Mercadona y Consum, como la gran opositora a dicha medida y aseguran que el PSPV trata de complacer a esta agrupación empresarial, a la que también acusan de estar en contra de la medida para evitar los costes económicos que les supondría. Fuentes socialistas, que admiten que queda poco margen para el trámite parlamentario de esta ley, niegan la mayor y afirman que el propósito de Martínez Bonafé para retrasar la aprobación de dicha legislación no es otro que buscar una "entente" entre la patronal autonómica CEV, a la que pertenece Asucova, y la conselleria de Economía para que el texto salga adelante con el mayor consenso posible.
Los supermercados aseguran que su oposición es compartida por Anged y Confecomerç
El portavoz de Asucova, Pedro Reig, afirmó ayer a este diario que no es dicha asociación la que se opone en solitario, sino que a su lado está el resto del comercio integrado en la CEV, es decir las grandes superficies de Anged y el pequeño comercio de Confecomerç. Desde la CEV confirman este extremo y recuerdan que la organización ya alegó en 2019 contra las APEU. En aquel documento, la patronal presidida por Salvador Navarro, pedía la supresión de los artículos que desarrollaban las APEU y defendía que la regulación de las mismas se efectuara a través de una legislación específica "de carácter transversal, fruto del consenso entre los diferentes sectores afectados (comercio, hostelería y servicios), incorporándose solo en la ley de comercio sostenible los principios generales y remitiéndose a su posterior desarrollo legislativo".
Ley nacional
Pedro Reig explicó que está previsto que se desarrolle una ley estatal sobre la materia "y es conveniente esperar a ver qué incluye porque será una legislación marco y sería después cuando debería hacerse una ley específica valenciana". El dirigente admite que a los supermercados no les parece bien tener que pagar por obligación en ciertas campañas, pero añade que hay otros factores en los que están en desacuerdo. Por ejemplo, "de dónde nace la iniciativa de las campañas, del sector público o el privado, y si es del privado quién tiene la capacidad para plantear la iniciativa y con qué mayorías".
Desde Compromís, muy vinculado a la asociación del pequeño comercio Unión Gremial, que no está integrada en la CEV, aseguran, pese a todo, que su voluntad es no demorar más la aprobación de dicha ley y advierten de que tampoco tienen intención de seguir los dictados de la patronal.
