El Gobierno aprobará por decreto la reforma de la Función Pública tras pactarlo con Bruselas

La Comisión Europea no solo ha liberado al Gobierno español de cumplir su compromiso inicial de implantar un sistema de peaje en las autovías a partir de 2024 sin que ello penalice a España en la recepción de fondos europeos. La revisión del Plan de Recuperación español, que ha aprobado la Comisión Europea este lunes, también exime al Gobierno de su compromiso de aprobar una nueva ley de Función Pública como condición de obligado cumplimiento antes de poder solicitar el desembolso del cuarto tramo de fondos europeos (10.000 millones). La Comisión Europea ha aceptado que esta reforma se pueda hacer por decreto y fuentes del Gobierno en funciones han confirmado la intención de sacarlo adelante en uno de los primeros Consejos de Ministros si Pedro Sánchez logra sacar adelante su investidura como presidente.

La Comisión Europea exime al Ejecutivo de la obligación de aprobar un proyecto de ley para los empleados públicos antes de poder solicitar el cuarto pago de los fondos europeos, de 10.000 millones

En el Plan de Recuperación inicial, que España presentó en Bruselas en abril de 2021, el Gobierno asumió el compromiso de una nueva ley Función Pública que debía entrar en vigor en el cuarto trimestre de 2022, dentro de las condiciones para poder solicitar el cuarto desembolso de fondos europeos. El Gobierno se demoró y no fue hasta marzo de 2023 cuando presentó en el Congreso un proyecto de ley. El adelanto de las elecciones generales al 23-J y la disolución de Las Cortes hizo decaer el proyecto.

Reforma por decreto

Ahora, el texto del nuevo Plan de Recuperación de España -que incorpora las modificaciones solicitadas por el Gobierno en la adenda presentada el pasado mes de junio- libera al Gobierno de aprobar una ley de Función Pública como condición previa para poder solicitar el desembolso del cuarto pago. En concreto, Bruselas acepta ahora el nuevo compromiso del Gobierno de regular por decreto la polémica evaluación del desempeño de los empleados públicos como incentivo para su carrera profesional o para la obtención de un complemento salarial. Mediante orden ministerial se podrá regular el acceso de funcionarios 'senior' a puestos de subdirección general o similares en función de criterios de mérito y competencia, según figura en el nuevo documento. Esta vía puede permitir al Ejecutivo acelerar su aprobación, al tiempo que le evita tener que someter esta reforma a negociación con el resto de los grupos parlamentarios.

Resignación y enfado sindical

Los sindicatos más representativos entre los empleados públicos han recibido con una mezcla de resignación y enfado el retraso en la tramitación de la reforma de la Función Pública. El adelanto electoral ya truncó las negociaciones que las centrales mantenían con los grupos parlamentarios para enmendar un proyecto de ley texto que generaba fricciones tanto entre las organizaciones sindicales que apoyaron al Ejecutivo en su primera tramitación (UGT y CCOO), como aquellas que estuvieron en contra (CSIF).

 “No nos preocupa tanto que esto se acabe resolviendo hasta que no se forme nuevo Gobierno, sino que llevemos pendientes desde el 2007 [cuando se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público]”, afirman fuentes consultadas de CCOO. “Pasamos de tenerlo ya casi en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a tener que volver a negociar de nuevo. Entendemos que si reedita el mismo Gobierno no debería haber mucha discusión, el trabajo ya está hecho, pero…”, apuntan desde UGT.

“Estamos preocupados”, declaran desde CSIF, ya que “no sabemos cuál va a ser el contenido final de ese nuevo real decreto” y temen que el Ejecutivo pueda introducir “cualquier cosa”. Cuestiones como qué sanciones acabará incorporando el régimen disciplinario, cómo se concretará la valoración del desempeño para que los funcionarios puedan o no mejorar sus sueldos o cómo se diseñara la carrera profesional, para incentivar la promoción interna, son los principales aspectos en los que las centrales esperan incidir, informa Gabriel Ubieto

Solo un desembolso en 2023

Después de que Bruselas haya aceptado este cambio respecto de los compromisos iniciales del Plan de Recuperación, el Gobierno en funciones ha expresado su intención de solicitar "próximamente" el desembolso del cuarto tramo de fondos europeos, en cuanto el Ecofin apruebe definitivamente la modificación del plan español (dispone de un plazo máximo de un mes).

Si se avanza en los procedimientos, aún sería posible que España pudiera ingresar en 2023 los 10.000 millones correspondientes al cuarto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU. Estos se sumarían a los 37.000 millones que ya se han recibido hasta ahora (sobre un total de 77.200 millones en subvenciones europeas previstas hasta 2026). Lo que no habrá logrado el Gobierno es cumplir el calendario inicial, que incluía la solicitud de dos desembolsos en 2023: el cuarto (10.000 millones) y el quinto (7.000 millones).

Como consecuencia de este retraso, en el modificado Plan de Recuperación (que da acceso a España a 93.500 millones adicionales de los fondos europeos Next Generation, hasta un total de 163.000 millones en subvenciones y préstamos), el calendario de pagos se desplaza seis meses hacia adelante. Se prevé recibir entre transferencias y préstamos hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026.  

Un total de 52 compromisos modificados

Además de liberar al Gobierno de sus compromisos para la implantación de peajes en las autovías o para la aprobación de una nueva ley de Función Pública, el nuevo Plan de Recuperación modificado altera contenidos o fechas de aplicación de un total de 52 compromisos previos del Ejecutivo. Este procedimiento está regulado en el artículo 21 del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que permite modificar compromisos sobre la base de "circunstancias objetivas" tales como la guerra en Ucrania, la interrupción de la cadena de suministros, cambios en las condiciones macroeconómicas, caída en la demanda por la elevada inflación, inesperadas dificultades técnicas o legales o la presentación de alternativas mejores capaces de lograr o mejorar los objetivos inicialmente establecidos.

La Comisión Europea avala que España renuncie a aplicar peajes en las autovías

Este último argumento es el que ha servido al Gobierno para hacer valer su marcha atrás en la implantación de peajes en las autovías. El Ejecutivo ha propuesto medidas alternativas para avanzar en la descarbonización del transporte por la vía de incentivos al transporte de mercancías por ferrocarril y la Comisión Europea lo ha dado por válido.

Entre los compromisos modificados también se encuentra el del objetivo de aumentar las plazas de educación pública para niños y niñas de 0 a 3 años en, al menos, 60.000 unidades. Ahora se da un año más para cumplir este objetivo, hasta el cuarto trimestre de 2025.

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