La creación de la nueva CNE resucita las dudas sobre la independencia del organismo

La segregación del regulador energético de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vuelve a poner en duda la independencia del organismo. Las funciones que tendrá la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre el papel son muy parecidas a las que tiene actualmente como organismo integrado –más allá de nuevas materias de estudio como el hidrógeno verde o nuevos objetivos como la descarbonización--, pero su escisión vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre un organismo constituido con carácter independiente en vísperas de decisiones que marcarán la senda del sector en los próximos años.

En 1995 se creó la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, predecesora de la Comisión Nacional de Energía que funcionó entre 1999 y 2013, momento en el que el Partido Popular decidió unir a los reguladores sectoriales --la CNE, pero también la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el Comité de Regulación Ferroviaria o la Comisión Nacional del Sector Postal-- y la autoridad de competencia para “reforzar su independencia, garantizar la seguridad jurídica y la confianza institucional, adoptando una visión integradora”. Es decir, cualquier decisión sería analizada con dos miradas, una regulatoria y otra de competencia.

Desde entonces, la CNMC ha sido objeto de debate sobre su escisión. En 2017 llegó a formar parte de un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, que entonces dirigía Mariano Rajoy (el mismo presidente que la creó), pero que finalmente no llegó a término tras una enorme presión de lobi ejercida desde el propio organismo, que entonces dirigía José María Marín Quemada. Entre los motivos para tanto interés por un cambio en apenas cuatro años siempre sobrevoló la posible intención de intervención del Gobierno, a través de la composición de sus salas. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez apuesta por la escisión tras acordarlo así en el pacto de investidura con Sumar, pero solo de la pata energética.

El gran argumento del Gobierno actual para la escisión es el nivel de detalle que requiere un sector tan especializado en plena transición energética; pero ese argumento se debilita al mirar hacia las telecomunicaciones y el sector audiovisual, inmersos en una revolución digital que va a cambiar y mucho la forma de consumir, vender o producir en Internet y cuya 'agencia' se mantiene dentro de la CNMC. Y la duda vuelve a ser la misma que se suscitó en 2013 o en 2017 y es si la creación de este regulador energético será velar por el buen funcionamiento del mercado o servir de una suerte de brazo alargado del Gobierno.

La mayoría de expertos consultados coinciden en que la clave estará en los nombres que compongan su consejo, que estará formado por siete personas, con una experiencia de más de cinco años en tareas similares y ratificados por el Congreso de los Diputados (criterios muy similares a lo que se pide hasta ahora para ser consejero de la CNMC pero esta vez especializados en energía), así como los recursos con los que se dote y la capacidad que tengan los implicados de modernizar el organismo. Pero ninguno de estos detalles es público, todavía.

Sobre las caras, podrían gustar incluso al sector energético algunos de los actuales o extintos consejeros, pero siempre refiriéndose a aquellos especializados en la materia. Un ejemplo es María Jesús Martín, nombrada el año pasado consejera de la Sala de Competencia de la CNMC, pero que fue durante casi dos años directora de Energía de la CNMC --el mayor rango en el ámbito energético en este organismo, que sería el equivalente al cargo de presidenta de la nueva CNE-- y también directora General de Política Energética y Minas en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dos años antes, bajo la tutela de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Con 22 años en regulación energética, 13 fueron en distintos puestos directivos de CNE.

La regulación de los peajes

Se presupone que la nueva CNE será más ágil en la redacción de informes, estudios y análisis, lo que daría pie a una mayor transparencia. Por ejemplo, la CNMC inició hace un año un estudio sobre la recarga de vehículos eléctricos que todavía no ha visto la luz y en mayo del año pasado publicó el informe de supervisión del mercado minorista de gas y electricidad del año 2021 (con un avance de 2022). Pero su gran tesoro es otro: la regulación de los peajes de luz y gas, que es el dinero que cobran las compañías eléctricas y gasistas por las redes y que los consumidores pagan a través de la factura.

La dirección de energía de la actual CNMC no recibió estas competencias del Gobierno hasta 2019 (Bruselas abrió una investigación y se llegó a amenazar a España con multarla) y cuando las tuvo aplicó las tijeras. Después de años criticando la sobrerretribución de muchas de estas compañías, principalmente las gasistas, la CNMC anunció un recorte en pleno verano que resonó como un auténtico estruendo en las empresas, con ecos en su cotización durante días. El llamado 'superregulador' puso en marcha una nueva metodología que tendría efecto para el periodo regulatorio 2020-2025 en el caso de la electricidad y de 2021 a 2026 para el gas.

A falta de un año para 2025, fuentes del sector eléctrico asumen que se abre ahora un periodo de bloqueo en la CNMC y será el nuevo organismo el encargado de dictar las nuevas retribuciones para el siguiente quinquenio. Y de ahí hay quien concluye la rapidez para poner en marcha una idea anunciada hace cuatro meses –en el acuerdo programático de Gobierno entre PSOE y Sumar-- que se quiere aprobar por la vía de urgencia para publicarla en el BOE antes de final de año. A partir de entonces, se debe contar un máximo de cuatro meses para que el nuevo organismo esté formado y se ponga en marcha. "En las últimas semanas hemos visto signos positivos para reconsiderar el límite de inversión a las redes y el regulador ha iniciado una revisión de la tasa de retribución cuyo índice es bajo en comparación con otros países", ha dicho este jueves el consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la presentación de los resultados de la compañía.

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