La CEV acusa de intervencionismo al Gobierno tras abrir la puerta del diálogo social a las patronales territoriales

La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV, integrada en la CEOE) ha acusado al Gobierno central de intervencionismo a raíz de la aprobación del real decreto que, entre otras cuestiones, abre la puerta del Consejo Económico y Social (CES) a las organizaciones territoriales más representativas. La patronal presidida por Salvador Navarro considera que estas entidades carecen de la representatividad necesaria para formar parte de las mesas de diálogo.

Fue el martes cuando el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros un real decreto que modifica la normativa del Consejo Económico y Social y le insta a dar representación a "las organizaciones autonómicas más representativas". La modificación legal, de facto, abre la puerta a que estas entidades estén presentes en uno de los máximos órganos consultivos de representación del mundo laboral y social, en lo que supone un nuevo paso para que las pymes estén representas con voz propia en el diálogo social estatal. Ese es uno de los objetivos del presidente de la patronal catalana Pimec, Antoni Cañete, y rompe, a la vez, el monopolio que mantenía el binomio CEOE-Cepyme en la parte empresarial.

Los cambios introducidos, y esa es otra de las modificaciones importantes introducidas por el Ejecutivo, otorgan prevalencia a los convenios colectivos autonómicos y provinciales. Pues bien, la medida no ha sentado nada bien en el seno de la CEV, que, a través de un comunicado, rechaza "el intervencionismo al alza del Gobierno" y advierte de que las iniciativas legislativas unilaterales prescindiendo del marco del diálogo social están haciendo tambalear los equilibrios alcanzados en la reforma laboral y en la negociación colectiva, que, añade, "suponen uno de los activos más importantes de nuestro sistema de relaciones laborales".

Consulta

En este sentido, la CEV subraya que, de nuevo, "el Gobierno pasa por alto la consulta en el diálogo social a la que obliga el artículo 7 de la Constitución Española, que reconoce a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, más representativas, el papel de contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios".

Así, en el comunicado se indica que el decreto aprobado es excluyente, al tratarse de un texto que no nace del diálogo social y que, por tanto, “parece que responde más a equilibrios políticos que al interés general”, ha asegurado el presidente de la CEV, Salvador Navarro. Así, la confederación quiere manifestar su rechazo a las maniobras del Gobierno para dar entrada en los foros de diálogo social a "organizaciones que están en sintonía con sus intereses pero que carecen de la representatividad necesaria para formar parte de las mesas de diálogo social".

Cambiar las reglas

La CEV, asimismo, afirma que el Gobierno vulnera los acuerdos alcanzados al cambiar reglas del juego ya acordadas en la reforma laboral. Se acordó entonces, recuerda, no abordar la cuestión de la prevalencia de convenios al entender que se abría una brecha en la unidad de mercado y que podría ser perjudicial para el crecimiento.

Con independencia de lo anterior, desde la CEV, junto a CEOE, Cepyme y ATA, se señala que seguirán trabajando en defensa de los intereses empresariales, presentando propuestas que favorezcan el crecimiento económico, la generación de empleo y la cohesión social, y participando y defendiendo el diálogo social como una de las principales herramientas desde las que construir un futuro más sostenible e igualitario.