Manuel Alcaraz es el único conseller del Botànic que ha expresado abiertamente su deseo de no seguir en la primera línea. Si algo es seguro es que no repetirá al frente de una conselleria que ha sido el saco de boxeo de la oposición y que está destinada a desaparecer del organigrama si gana el bloque de la derecha. Tanto el PP como Ciudadanos han dicho que consideran que este departamento es prescindible. Alcaraz, sin embargo, se marcha dejando un legado de leyes, disposiciones y organismos centrados en la lucha contra las corruptelas al que está a punto de sumarse un nuevo órgano de «asuntos internos», cuyo objetivo es prevenir «irregularidades y malas prácticas en la Generalitat y su sector público empresarial».
Se trata de una nueva comisión interdepartamental, manejada por inspectores de servicios e interventores, con funciones específicas para vigilar de cerca la gestión administrativa. El órgano estaba previsto en la ley 22/2018 de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de las malas prácticas. Sin embargo, es ahora cuando se ha bajado al detalle con un decreto en el que se concreta su composición y su funcionamiento. La norma está en una fase muy avanzada, con los informes pertinentes, incluida la memoria económica. De ahí que el último paso es la aprobación por el Consell que, pese a las inminentes elecciones, seguirá en funciones hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.
La comisión tiene como principal misión aprobar una propuesta de mapa de evaluación de riesgos y determinar aquellos órganos y entidades que deben aprobar un plan individual de autoevaluación de riesgos de irregularidades.
Tal como está regulado este órgano tendrá capacidad de vigilar al resto de conselleries y empresas públicas. De hecho, además de ese mapa de riesgos, entre sus funciones está ser informada por el resto de conselleries y entes públicos de todos aquellos planes y programas que realicen en relación con la prevención de la corrupción. Además, estará informada de las peticiones que desde los diferentes departamentos se realicen a la Inspección General de servicios. También «de la obstrucción o falta de colaboración de cualquier órgano que impida o dificulte el ejercicio de la función inspectora».
La comisión interdepartamental debe reunirse al menos dos veces al año. Será presidida por el conseller que tenga las competencias en materia de inspección de servicios y la vicepresidencia recaerá en quien tenga la titularidad del órgano directivo.
Más técnico que político
Con todo, la comisión tiene un perfil más técnico que político. Se prevé que estén presentes los subsecretarios de todas la conselleries y la persona responsable del sector público. El texto no ha encontrado alegaciones por parte de ningún departamento y, al estar compuesto por cargos y técnicos, no supone un gasto adicional.
En su despedida, Alcaraz también ha impulsado el decreto que regula el registro de los grupos de interés, un proyecto que en su momento sí generó reticencias entre los diferentes departamentos. El objetivo es hacer públicas las reuniones entre altos cargos y lobbies y que éstos últimos se registren para tener acceso a los gestores públicos.
Alcaraz no llegará a tiempo para alumbrar una nueva ley de transparencia y gobierno abierto. El texto está redactado, pero todavía en fase de trami
