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La complicada situación a la que se enfrenta el juez jiennense Baltasar Garzón es motivo de reflexión para el jurista Carlos Carnicer, lo mismo que el estado de la Justicia española, cuyos males, explica, están perfectamente diagnosticados. Profundo y conciso en sus análisis, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española reconoce que la Justicia debería explicarse más y mejor ante los demás. A ver si así se le entiende.

La normativa antiblanqueo situó a los abogados en el punto de mira porque debían dar explicación de todas las operaciones sospechosas de los clientes de su despacho...

Qué duda cabe de que la directiva antiblanqueo pretendía derribar legalmente todos los obstáculos para llegar al conocimiento, solo que la abogacía puso en reflexión que ninguno de los derechos fundamentales es absoluto. Hay que ponerlos siempre en relación con los restantes derechos fundamentales de la persona, por muy necesario que sea introducir en la Justicia a los que juegan con los delitos internacionales de blanqueo de dinero. A veces parece que es que los abogados queremos que los delincuentes se escapen sin pena. En absoluto. Lo que queremos es que no sean tachados de delincuentes los que no lo son.

¿Por qué no han exigido ustedes responsabilidad penal a Garzón por las grabaciones a abogados y clientes en el «caso Gürtel»?

A mí no me consta hasta ahora que haya un elemento penal. Eran ilícitas. Pero no sé si pudieron ser delictivas. Si eso lo hubiera dicho el TSJ de Madrid, no dude de que estaríamos ya personados para exigir esa responsabilidad. En esas diligencias hay una parte secreta y no sabemos lo que se dice. Por tanto, debemos esperar a ver si existe algo más.

Pero hay abogados que se han querellado contra Garzón por este motivo. ¿Descarta usted hacer lo mismo?

Yo no descarto nada. No tenemos evidencia de que haya podido haber una conducta delictiva.

¿Qué se le pasa por la cabeza a un jurista cuando ve la despedida que se le dio al magistrado hace unos días en la Audiencia Nacional?

Es excesivo el tratamiento que se le está dando a esa cuestión. Creo que la ciudadanía no entiende nada. No sabe por qué a un juez hay que darle un tratamiento distinto al de los restantes ciudadanos. Sería bueno volver a la normalidad. Existen miles de ciudadanos en España en la misma situación que el juez Garzón. Usted sabe que hay muchas sentencias absolutorias y muchos recursos estimados. Se estima casi la cuarta parte. Lo que quiere decir que hay errores. Y esos errores de la Justicia, que se corrigen en vía jurisdiccional, lo soportan muchos miles de españoles. Es verdad que al señor Garzón en poco tiempo le ha salido tres causas, pero aparte del considerable número de causas abiertas no hay nada extraordinario. Los actores están ejerciendo sus derechos, los jueces están tramitando, bien, mal o regular, pero como para los demás ciudadanos. No le deseo nada ni bueno ni malo al señor Garzón. Mejor dicho, no le deseo nada malo. Y espero que sea otro de los ciudadanos que consigue demostrar su razón en los tribunales. Y que salga absuelto.

¿No cree que se ha utilizado su figura para atacar al Supremo?

Me preocupa la escalada de ataques a las instituciones. La ciudadanía no entiende nada. Las instituciones son las encargadas de tutelar administrativamente a las personas. Tenemos sistemas de corrección de los responsables de las instituciones cuando no cumplen su cometido y, por tanto, no podemos estar vapuleando a las instituciones desde los medios de comunicación de forma eficaz, por desgracia. Las instituciones del Estado necesitan ser respetadas y mejoradas constantemente, lo que no puede ser es que se pongan en cuestión de forma permanente. Y sobre todo por intereses particulares.

Hace unos días decía Camps que Zapatero y Fernández de la Vega estaban detrás de su implicación en «Gürtel».

Es lamentable que políticos relevantes y personajes también relevantes de la sociedad se escuden en la impunidad absoluta que tienen este tipo de conductas para atacar permanentemente a nuestras instituciones sin ningún tipo de razón. Eso de alguna manera nos perjudica a todos porque al degenerar las instituciones se degenera también su papel en la sociedad.

Muchos piensan que se está poniendo al juez por encima del sistema.

Bueno, eso es lo que no debe suceder. Todo poder del Estado debe tener un contrapoder. Muchas veces se ha puesto en cuestión que el poder judicial sea un verdadero poder porque no tiene detrás la legitimidad que dan los votos, pero yo creo que ese concepto está superado. Necesitamos un poder en el que será criticable su formación o su forma de elección, pero necesitamos un poder que al final de todo dirima las controversias. Y eso es lo que debe ser aceptado por la ciudadanía. Alguien debe decirlo alto y claro.

¿Ha sacado este caso los males de la Justicia a la luz?

Los males son muchos, antiguos y bien diagnosticados.

Me refiero a las luchas intestinas entre facciones.

Yo creo que en el tema Garzón no hay luchas, eso se llama corporativismo. Hay bastante, porque muchas asociaciones y magistrados que criticaban abiertamente al juez Garzón, en este momento, están abiertamente a favor, incluso fiscales. Y eso ocurre por corporativismo. Todos tenemos corporativismo, pero la ciudadanía lo tiene que saber. Que hay una cuestión que puede alterar la decisión de las instituciones que se llama corporativismo. Hay que luchar contra ello.

Su idea es que se protege a Garzón por corporativismo, ¿no es así?

Es muy complicado. Hay una parte de corporativismo, pero hay muchas cosas más. Primero, Garzón es el primer juez estrella de este país, y lo ha sido desde que fue juez y ha mantenido esa calificación muy bien hasta ahora. Segundo, la Audiencia Nacional ha sido siempre un tribunal puesto en cuestión. Odiado, sobre todo por las comunidades nacionalistas. Muy problemático. Tercero, Garzón ha sido un producto mediático de primer orden. Quinto, hay un fenómeno corporativista de los jueces que se sienten un tanto agredidos por la opinión pública, por los medios y por sus propios tribunales superiores, por qué no decirlo. Y, por último, es un asunto que va a dar mucho rendimiento de futuro. Sólo faltaba la invitación del Tribunal Penal Internacional que de alguna manera viene a afear la conducta del Supremo español. Eso es lo que ha pasado. No digo que sea malo, pero tiene más de malo que de bueno.

Y el Estatuto catalán y de su retraso en Constitucional...

Es anormal. Es injusto que se impute a sus miembros su renovación. Ellos no son los responsables. Son los partidos los que tienen que llevar eso adelante. No son en absoluto los magistrados. El clima que hemos creado no es el mejor para resolver esta cuestión.